Entre la herencia conservadora, el vacío organizativo y la simulación como práctica de gobierno.
Por Fernando Elías
Para comprender la naturaleza y el papel de la derecha en Cuautitlán Izcalli, es indispensable partir de una premisa metodológica que todo análisis político serio debe considerar: las fuerzas políticas no se definen únicamente por su discurso coyuntural, sino por los intereses de clase que representan, su genealogía histórica y su práctica concreta en el territorio.
En este sentido, el caso del Partido Acción Nacional (PAN) en este municipio del Estado de México no es un accidente local, sino la expresión microhistórica de una tradición política que nació como reacción al proyecto de transformación estructural impulsado por el cardenismo.
La génesis antagónica: el PAN como proyecto de contención al cambio social.

Como bien se señala en el planteamiento inicial, el PAN fue fundado el 16 de septiembre de 1939 por Manuel Gómez Morín, un intelectual católico y conservador, en respuesta directa a las políticas del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río.
No puede entenderse su naturaleza si no se reconoce que su origen es el de una organización política creada para frenar lo que entonces significó la expropiación petrolera, la reforma agraria, la educación con visión social y la consolidación de los ejidos como propiedad colectiva.
Cárdenas, llamado “Tata” por los campesinos, representó la irrupción del Estado como garante de derechos fundamentales para las mayorías rurales y urbanas.

Frente a ello, el PAN se erigió como el partido de la propiedad privada, del libre mercado y de una visión restrictiva de la democracia, entendida más como mecanismo de representación de intereses empresariales que como vehículo de justicia social.
Esa matriz originaria no ha desaparecido. Se ha modernizado en sus formas discursivas —apropiándose de términos como “patria”, “familia” y “libertad”— pero ha conservado su esencia: una concepción del ser humano como individuo abstracto cuyo valor está determinado por su función en el mercado.
La meritocracia, concepto central en su ideario, ha funcionado históricamente como un mecanismo de legitimación de la desigualdad, pues parte de la ficción de que todos los individuos parten de las mismas condiciones.
La realidad empírica, tanto en México como en el mundo, ha demostrado que sin intervención estatal redistributiva, sin garantía de derechos básicos universales y sin políticas que compensen las asimetrías estructurales, el ascenso social no es una cuestión de mérito individual, sino de herencia de clase, redes de poder y capital cultural acumulado.
La derecha en Cuautitlán Izcalli: gobiernos sin memoria y una dirigencia en retirada.

En el ámbito municipal, esta tradición se ha traducido en administraciones que no han dejado huella en términos de bienestar colectivo.
Cuautitlán Izcalli, un municipio complejo por su condición de zona conurbada al norte de la Ciudad de México, ha padecido una sucesión de gobiernos —priistas, panistas y ahora encabezados por una figura como Serrano, que pareciera proveniente del PRI y muy funcional a intereses similares— que han administrado la precariedad sin resolver sus causas estructurales.
Los gobiernos panistas en Izcalli, como en gran parte del país, se caracterizaron por una doble dinámica: discursos de eficiencia administrativa y combate a la corrupción, mientras se tejían redes de complicidad con desarrolladores inmobiliarios, concesionarios de servicios públicos y grupos económicos locales.
La corrupción no ha sido un desvío de la derecha municipal, sino parte constitutiva de su forma de ejercer el poder. Lo que hoy se presenta como un “retraimiento” después de la derrota electoral de 2024 no es un repliegue táctico, sino la expresión de una crisis orgánica: la falta de arraigo social, la ausencia de trabajo territorial sostenido y la sustitución de la militancia por un pequeño grupo de políticos profesionales que confundieron la gestión pública con el protagonismo mediático.
Que después de la derrota “no salían a visitar al electorado, no había actividades partidarias ni sociales” no es un dato menor. Revela que la derecha en Izcalli no construye poder desde lo comunitario, sino desde la ocupación de espacios institucionales y la intermediación clientelar.
Su presencia no es la de un partido con proyecto de sociedad, sino la de una facción que se activa solo en períodos electorales y desaparece en el interciclo.
El perfil de sus figuras públicas: entre el conservadurismo reaccionario y el cinismo administrativo

El análisis de las figuras visibles de la derecha local confirma esta caracterización. La diputada local Johana Felipe Torres ha construido su perfil público sobre dos ejes: la oposición sistemática a los derechos reproductivos de las mujeres y la búsqueda de visibilidad mediática en espacios de bajo rigor político, como su participación recurrente en el programa de Carlos Alazraki.
Este último aspecto no es meramente anecdótico. Refleja una estrategia de construcción de imagen que privilegia el espectáculo, la confrontación superficial y el populismo mediático por encima del trabajo legislativo serio.
En un municipio con demandas apremiantes en materia de agua, seguridad, transporte público y desarrollo urbano, la representación panista ha optado por convertir el debate público en una vitrina de poses conservadoras, alejándose de las necesidades materiales de la población.

Por su parte, Karla Fiesco, encarna otro rasgo distintivo de la derecha local: el cinismo administrativo.
Su paso por la presidencia municipal dejó un saldo de opacidad, presuntos desvíos de recursos que no han sido aclarados y una gestión caracterizada por lo que en el texto se denomina “el pan y el circo”.
Esa estrategia —entregas asistencialistas sin continuidad, obras de alto impacto mediático pero bajo beneficio social, eventos públicos con fines propagandísticos— ha sido una constante en los gobiernos de derecha en el ámbito municipal.
No se trata de un error de gestión, sino de una concepción de lo público como escenario de acumulación de capital político y, en muchos casos, también económico.
La falsa simetría: administrar no es gobernar

Uno de los puntos centrales del análisis es la distinción entre administrar y gobernar.
La derecha municipal —incluyendo aquí no solo al PAN, sino a fuerzas que han actuado funcionalmente como su correa de transmisión— ha reducido la gestión pública a una labor administrativa: mantener servicios mínimos, entregar apoyos discrecionales y no alterar las relaciones de poder establecidas.
Pero gobernar, desde una perspectiva transformadora, implica modificar estructuras, redistribuir recursos, garantizar derechos y elevar efectivamente los niveles de bienestar de la población.
En este sentido, ni el PRI ni el PAN ni el actual gobierno de Daniel Serrano han logrado romper con esa lógica. Serrano, traidor a la transformación, representa un fenómeno recurrente en la política mexiquense: la reconfiguración de liderazgos que con discursos de bienestar social se asimilan al sistema de poder establecido en lugar de transformarlo.
La continuidad en la forma de gobernar —clientelismo, opacidad, subordinación a intereses inmobiliarios y comerciales— termina por desdibujar las diferencias partidistas y consolidar un modelo de poder local que, independientemente del color, ha sido incapaz de generar bienestar sostenible.
A manera de conclusión: hacia la construcción de un proyecto municipal de bienestar colectivo.

La derecha en Cuautitlán Izcalli no es, en el momento actual, una fuerza hegemónica.
Su derrota en 2024, su falta de presencia territorial y el desgaste de sus figuras públicas la colocan en una situación de debilidad orgánica. Pero ello no implica que sus intereses hayan desaparecido. Siguen presentes en la estructura económica del municipio, en los medios de comunicación locales, en las redes de influencia que condicionan el desarrollo urbano y en una cultura política que aún asocia el gobierno con la administración de recursos discrecionales.
El reto para un proyecto político de izquierda en Izcalli no puede limitarse a señalar la corrupción o el conservadurismo de la derecha.
Debe construir una alternativa sólida que parta de la participación comunitaria, que coloque en el centro los derechos colectivos, que desarrolle una propuesta integral en materia de agua, vivienda, movilidad, género y medio ambiente.
Y, sobre todo, que entienda que gobernar es transformar las condiciones materiales de existencia de las mayorías.
La derecha local, mientras tanto, seguirá intentando reciclarse. Ya lo ha hecho antes: cuando no puede ganar elecciones, busca alianzas; cuando no tiene presencia en los medios, compra espacios; cuando no tiene militancia, recurre al mercadeo electoral.
Pero su límite estructural es el mismo desde su fundación en 1939: su incapacidad para pensar lo público como bien común y su resistencia natural a cualquier proceso que redistribuya poder y riqueza.
Cuautitlán Izcalli necesita un gobierno que no solo administre recursos, sino que redistribuya bienestar y oportunidades.
Y eso, históricamente, es algo que la derecha —en cualquiera de sus siglas— no ha estado, ni estará dispuesta a hacer.









