Por Fernando Elías
Cuautitlán Izcalli merece una transformación verdadera, no la continuidad de quienes han fallado al pueblo.
En últimas fechas me han dicho que no era prudente criticar, señalar o denunciar las cosas que están mal en nuestro municipio. Que, si mi intención era contribuir a la construcción de una verdadera transformación, debía guardar silencio, moderar mis cuestionamientos y evitar cualquier señalamiento que pudiera incomodar a quienes hoy ocupan espacios de poder.
Discrepo profundamente.
La transformación no se construye con silencios convenientes, lealtades incondicionales ni discursos que pretenden ocultar la realidad. Se construye con principios, con autocrítica, con participación popular y con la capacidad de reconocer los errores, por incómodos que resulten.
Apoyar la transformación no significa aplaudir a cualquier gobierno que se presente bajo sus siglas. Significa defender sus principios, incluso cuando hacerlo implica cuestionar a quienes dicen representarlos.
En los últimos días hemos visto proliferar campañas de pronunciamientos, posicionamientos y campañas de personajes que pretenden convertirse en candidatos de Morena. Algunos parecen convencidos de que su paso por la administración pública municipal constituye, por sí mismo, un mérito suficiente para reclamar una nueva posición de representación popular, lo más inverosímil es que esta administración, de acuerdo a las evaluaciones de la ENSU, la ubican como el municipio con la pero calificación del país con alrededor del 14.8% de aprobación en efectividad para resolver problemas prioritarios.
Aún así, ocupar un cargo público no es un mérito automático. Administrar recursos públicos no equivale a transformar la vida de la gente. Y pertenecer a un gobierno no otorga, por sí solo, autoridad moral para presentarse como representante de un movimiento que nació precisamente para combatir los privilegios, la corrupción, el autoritarismo y la simulación.
La pregunta que debemos hacernos no es quién tiene más aspiraciones, quién dispone de más recursos para promoverse o quién cuenta con mayores relaciones políticas.
La pregunta es: ¿qué hicieron por el pueblo, qué resultados entregaron y qué responsabilidad están dispuestos a asumir por sus decisiones?
La crítica no es traición y el silencio sí puede convertirse en complicidad
Estoy convencido de que, cuando dejamos de nombrar los problemas, cuando normalizamos las injusticias y cuando justificamos los errores de quienes gobiernan porque pertenecen a nuestro mismo partido, terminamos reproduciendo aquello que decimos combatir.
El neoliberalismo no se reproduce únicamente mediante las grandes decisiones económicas. También encuentra continuidad en las prácticas políticas que subordinan el interés colectivo a los intereses de grupo, que convierten los cargos públicos en plataformas personales y que confunden la disciplina partidista con la obligación de callar.
No podemos combatir esas prácticas en el discurso nacional y tolerarlas en nuestros municipios.
No podemos denunciar los privilegios de las élites y permitir que se construyan nuevas élites al amparo de nuestro movimiento.
No podemos hablar de democracia participativa y después exigir que la militancia acepte candidaturas decididas desde arriba, sin deliberación, sin evaluación y sin rendición de cuentas.
No podemos defender al pueblo cuando nos conviene electoralmente y olvidarlo cuando llega el momento de gobernar.
Por eso no aceptaré que se presente la crítica como una forma de deslealtad. La crítica responsable, sustentada en hechos y orientada a corregir los errores, es una obligación política y ética.
La lealtad a un proyecto de transformación debe estar por encima de la lealtad a cualquier funcionario, aspirante o grupo político.
Los principios de Morena deben ser una práctica cotidiana, no una consigna electoral
Los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo no pueden reducirse a frases pronunciadas en un templete. Deben orientar la conducta de quienes participan en la vida pública, independientemente del cargo que ocupen.
No mentir significa hablar con honestidad sobre los resultados de una administración, reconocer sus deficiencias y no construir campañas de propaganda para presentar como éxitos lo que la ciudadanía experimenta como abandono.
No robar significa respetar los recursos públicos, no utilizarlos para favorecer intereses personales y entender que el presupuesto municipal pertenece a la población, no a quienes temporalmente lo administran.
No traicionar al pueblo significa cumplir las responsabilidades adquiridas, escuchar a las comunidades, defender los derechos colectivos y no convertir la representación política en una oportunidad para perpetuarse en el poder.
Estos principios deben aplicarse en todas las áreas profesionales, laborales y públicas. No son exclusivos de una campaña ni pueden invocarse selectivamente contra los adversarios.
Quien aspire a representar a Morena tiene que demostrar, con hechos, que entiende esta responsabilidad.
Cuautitlán Izcalli no necesita una campaña de autopromoción: necesita respuestas
No voy a callar cuando, en un fin de semana, se despliegan campañas de promoción política que parecen cuidadosamente coordinadas para posicionar a personajes vinculados con una administración municipal profundamente cuestionada.
No se trata de negar a nadie el derecho a aspirar a un cargo público. Se trata de exigir que esas aspiraciones estén acompañadas de resultados, responsabilidad y una explicación honesta sobre el estado que guarda nuestro municipio.
Cuautitlán Izcalli enfrenta problemas que no pueden resolverse con fotografías, historias de Facebook, reels, espectaculares, pronunciamientos de ocasión ni discursos que prometen una transformación que la ciudadanía todavía no percibe en su vida cotidiana.
La inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, las dificultades de movilidad, el mantenimiento de las calles, la atención a las comunidades y la recuperación de los espacios públicos son asuntos que requieren gobiernos capaces, sensibles y responsables.
Quienes han formado parte de la administración municipal deben responder por su desempeño. No pueden pretender que su paso por el gobierno desaparezca de la evaluación ciudadana justo cuando comienzan a promover sus aspiraciones electorales.
La política no puede ser una escalera para ascender de un cargo a otro sin rendir cuentas por el anterior.
Daniel Serrano: la reelección no puede sustituir la rendición de cuentas
Resulta particularmente preocupante la pretensión de Daniel Serrano de buscar la continuidad administrativa al frente del municipio, cuando persisten cuestionamientos ciudadanos sobre la capacidad de la administración para resolver los problemas cotidianos de Cuautitlán Izcalli.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, constituye una fuente relevante para evaluar la percepción ciudadana sobre la seguridad y aspectos importantes de la eficacia gubernamental. En las cifras señalan un índice de efectividad del 14.8%.
Ese dato, por si solo debería ser motivo de una profunda preocupación para el partido y para el propio Serrano. No es un número que pueda despacharse con una declaración triunfalista. Representa una señal de alarma sobre la confianza de la población en la capacidad de sus autoridades.
Daniel Serrano debe explicar qué resultados concretos ha entregado, cuáles son los problemas que continúan sin resolverse y qué responsabilidad asume por las deficiencias de su administración.
No basta con afirmar que se está transformando el municipio. Hay que demostrarlo.
No basta con invocar la continuidad de un proyecto político. Hay que acreditar que esa continuidad beneficia a la población.
Y no basta con pretender la reelección. Hay que someterse al escrutinio de quienes padecen diariamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales.
La ciudadanía no está obligada a confundir la promoción política de un gobernante con la evaluación de su desempeño.
Las aspiraciones de Luis Fernando Vázquez y la responsabilidad de quienes integraron el gobierno
También considero cuestionable que Luis Fernando Vázquez pretenda aspirar a una diputación sin que exista una discusión pública suficiente sobre su trayectoria, sus resultados y su responsabilidad dentro de la administración municipal.
No es un cuestionamiento a su derecho de participar en la vida política. Es un cuestionamiento a la idea de que cualquier integrante de un gobierno puede reclamar una nueva representación popular sin presentar cuentas claras sobre su actuación.
Una diputación no es un premio de consolación ni una extensión automática de las relaciones construidas dentro de una administración.
Hasta el momento en que escribo este pronunciamiento no existe una sola declaración política sobre la agenda legislativa y su visión, postura o propuesta de gestión legislativa para apoyar la transformación del país. No existe, no hay.
Quien aspire a representar al pueblo en el Poder Legislativo debe acreditar capacidad, independencia de criterio, conocimiento de los problemas sociales y compromiso con la defensa de los intereses colectivos y no ser un funcionario gris con pretensiones soberbias de dirigente político.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar qué hizo, qué decisiones respaldó, qué propuestas impulsó y qué experiencia lo acredita para asumir esa responsabilidad.
La misma exigencia debe aplicarse a cualquier aspirante, sin excepciones ni privilegios partidistas.
La representación popular exige compromiso con los problemas reales de las comunidades
En el caso de la señora Barboza, quien se desempeñó como síndica, también deben evaluarse sus resultados y su participación en la atención de los problemas que afectan a las comunidades.
Entre ellos se encuentra la situación de los espacios comunes en las unidades habitacionales, donde las invasiones, los conflictos por el uso del suelo y la falta de soluciones efectivas han generado inconformidad entre vecinos.
Quienes ocuparon responsabilidades de representación y vigilancia municipal deben explicar qué alternativas promovieron, qué gestiones realizaron y qué resultados obtuvieron.
Una sindicatura no debe limitarse a ocupar un espacio institucional. Tiene responsabilidades de vigilancia, intervención y defensa del interés público que deben traducirse en acciones verificables.
Si las comunidades enfrentaron problemas sin recibir respuestas suficientes, es legítimo exigir una explicación.
Y si alguien pretende aspirar a un nuevo cargo, debe estar dispuesto a responder por el desempeño del anterior.
Quienes integran la administración cuestionada deben rendir cuentas antes de pedir nuevos cargos
No sostengo que toda persona que haya trabajado en una administración municipal deba quedar excluida de la vida pública. Esa sería una conclusión injusta y contraria a una democracia plural.
Lo que sostengo es que nadie debe utilizar su pertenencia a un gobierno como argumento suficiente para obtener una candidatura y menos aún si esa administración es la peor evaluada del país.
Quienes participaron en decisiones cuestionadas, quienes tuvieron responsabilidades de dirección y quienes contaron con atribuciones para corregir deficiencias deben ofrecer explicaciones públicas.
Antes de pedir el voto, deberían tener la disposición de reconocer errores, presentar resultados y, cuando corresponda, ofrecer disculpas a las comunidades afectadas.
La rendición de cuentas no es una humillación. Es una obligación democrática.
El problema no es que existan aspirantes. El problema es que se pretenda convertir las aspiraciones personales en una prioridad política, mientras los asuntos pendientes del municipio siguen esperando solución.
Morena no puede convertirse en una franquicia electoral donde el acceso a una candidatura dependa de la cercanía con quienes controlan las estructuras partidistas.
El movimiento debe abrir espacios a la ciudadanía, a la militancia de base, a quienes trabajan en las comunidades y a quienes han demostrado compromiso con las causas populares, no solamente a quienes acumulan cargos y relaciones políticas.
La dirigencia de Morena tiene una responsabilidad histórica con Cuautitlán Izcalli
Si alguno de estos personajes, o cualquier otro integrante de la administración municipal cuestionada, resulta designado como abanderado de Morena en las próximas elecciones, la responsabilidad política de la dirigencia estatal y nacional será ineludible.
Y lo será porque las dirigencias tienen la obligación de construir procedimientos legítimos, evaluar perfiles, escuchar a la población y evitar que la selección de candidatos se convierta en un ejercicio de simulación.
Una candidatura debe representar una oportunidad para fortalecer el movimiento, no un mecanismo para proteger intereses de grupo o prolongar carreras políticas.
Si se ignoran las inconformidades de la ciudadanía, si se privilegia la cercanía con los grupos de poder y si se insiste en postular perfiles sin una evaluación pública rigurosa, Morena corre el riesgo de perder credibilidad y respaldo social en Cuautitlán Izcalli.
Y si esa decisión conduce a una derrota electoral, no podrá atribuirse exclusivamente a la oposición, a las circunstancias o a una supuesta falta de comprensión del pueblo.
También deberá analizarse la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones partidistas.
La dirigencia tiene que entender que la unidad no se decreta. Se construye con legitimidad, respeto, participación y congruencia.
La unidad que exige silencio frente a los errores no es unidad transformadora: es subordinación.
Exigimos una transformación con principios, resultados y participación popular
Por todo lo anterior, considero indispensable que Morena y sus dirigencias asuman compromisos concretos con la militancia y con la ciudadanía de Cuautitlán Izcalli:
- Evaluar públicamente las trayectorias de quienes aspiren a una candidatura, tomando en cuenta su desempeño, sus responsabilidades y los resultados de su gestión.
- Garantizar procesos internos transparentes y democráticos, en los que la militancia y la ciudadanía tengan mecanismos reales de participación. consulta y evaluación.
- Exigir rendición de cuentas a quienes ocuparon cargos públicos, particularmente cuando existan cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades.
- Evitar la utilización de recursos, estructuras o posiciones gubernamentales para promover aspiraciones personales, garantizando que la competencia política se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad.
- Construir una agenda municipal centrada en las necesidades de las comunidades, con compromisos verificables en materia de seguridad, servicios públicos, movilidad, espacios comunes y atención ciudadana.
- Reconocer el derecho a la crítica dentro del movimiento, sin descalificar a quienes señalan deficiencias ni pretender que la lealtad partidista obliga a guardar silencio.
- Anteponer el interés del pueblo a cualquier acuerdo entre grupos políticos, porque ninguna candidatura, cargo o proyecto personal está por encima de la transformación.
Mi compromiso: no callar ante la simulación
Quiero dejar algo muy claro.
No cuestiono a quienes aspiran a participar en la vida pública por el simple hecho de aspirar. Cuestiono que se presenten como representantes de la transformación sin explicar qué hicieron para transformar, qué responsabilidades asumieron y qué resultados pueden ofrecer a la ciudadanía.
No cuestiono la existencia de diferencias políticas. Cuestiono que se pretenda resolverlas mediante campañas de promoción personal, silenciamiento de la crítica o imposición de candidaturas.
No cuestiono la necesidad de construir unidad. Cuestiono que se utilice la unidad como pretexto para proteger errores, encubrir deficiencias o cerrar el paso a la deliberación democrática.
Cuautitlán Izcalli merece mucho más que una disputa por cargos públicos.
Merece una administración que escuche, que resuelva y que rinda cuentas. Merece representantes que conozcan sus comunidades y que estén dispuestos a defenderlas. Merece un movimiento que no reproduzca las prácticas que históricamente combatió.
Por eso seguiré señalando lo que considero incorrecto, exigiendo explicaciones y defendiendo el derecho de la militancia y de la ciudadanía a evaluar a quienes pretenden representarlas.
No lo haré por una ambición personal ni por una disputa de grupos. Lo haré porque creo en la transformación, porque considero que sus principios deben ser más fuertes que cualquier aspiración individual y porque no estoy dispuesto a aceptar que el nombre de Morena se utilice para legitimar prácticas contrarias a sus ideales.
La Transformación no pertenece a los funcionarios, a los aspirantes ni a las dirigencias. ¡Pertenece al pueblo!
Y cuando quienes dicen representarlo dejan de responder a sus necesidades, tenemos la obligación política y moral de señalarlo.
Porque callar ante la simulación no construye unidad.
Porque justificar el mal gobierno no fortalece un movimiento.
Porque la lealtad al pueblo está por encima de cualquier candidatura.
¡Cuautitlán Izcalli merece una transformación verdadera, con principios, resultados y dignidad!
¡Morena debe estar a la altura del pueblo que le dio su confianza!
