Por Fernando Elías.
La auditoría OSFEM Cuautitlán Izcalli 2025, practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a la inversión pública del municipio, concluyó con un resultado que no admite matices: los 36 rubros revisados merecieron pliego de observación. No hubo uno solo limpio.
El informe de resultados del ejercicio fiscal 2025 (auditoría de inversión física AIF-021) examinó una muestra de 232.1 millones de pesos del primer año de la administración de Daniel Serrano y acumuló 71 observaciones. El propio órgano relaciona los resultados con presuntas conductas en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Esto es apenas el principio. La próxima semana daremos a conocer el documento completo del análisis, cifra por cifra y obra por obra, para que el pueblo de Izcalli juzgue con el informe en la mano.

Una obra dada por terminada que sigue en proceso
El caso más grave es la pavimentación con asfalto de la avenida de las Torres, en la colonia Lago de Guadalupe, financiada con recursos GIDEM 2025, que concentra siete observaciones: se pagaron cantidades de obra no ejecutadas; se incumplió el plazo contractual; la documentación oficial afirmó la conclusión y entrega de los trabajos, pero la verificación física constató que la obra continúa en proceso —el informe lo dice sin rodeos: la discrepancia «simula el cumplimiento del contrato»—; no se aplicó la pena convencional, equivalente a la garantía de cumplimiento; no se rescindió el contrato pese al incumplimiento; la obra no se puso en operación; y los trabajos se realizaron en bienes que no son del dominio público ni propiedad del municipio, sin liberación previa de derechos de vía.
La clínica que se construyó y no abre
La construcción de la clínica de La Quebrada, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2025, fue observada porque la obra no se encuentra en funcionamiento y el municipio carece de la justificación documental y del soporte legal que expliquen por qué. Es salud negada a miles de familias, con la obra ya pagada.
Esa misma clínica encabeza otra lista: 16 obras financiadas con el FEFOM 2025 fueron observadas porque el municipio no presentó la documentación que comprobara la existencia del Anexo al Convenio Marco de Ejecución que autorizara los proyectos. Entre ellas están las rehabilitaciones de los centros de pueblo de San Francisco Tepojaco, La Aurora, El Rosario, Axotlán, San Juan Atlamica, San José Huilango, San Lorenzo Río Tenco y Santa María Tiangistengo, el arcotecho de la primaria Rosario Castellanos, el parque Espejo de los Lirios y las cámaras del C-4.
Contratos sin licitar, fraccionados y sin autorización
El patrón se repite en la contratación. En los dos corredores seguros de la avenida Primero de Mayo, en las banquetas de la calle del Muerto y en la repavimentación de San Antonio de Padua (Sur), la auditoría presume que se rebasó el monto máximo permitido para contratar por invitación restringida o adjudicación directa, sin acreditar los supuestos legales ni justificar la conveniencia de exceptuar la licitación pública.
En el Parque Lineal de Valle de la Hacienda y en la calle del Muerto de Bosques de Morelos se presume fraccionamiento indebido: una misma obra, en el mismo sitio, partida en contratos menores. Y en cuatro casos —San Antonio de Padua Norte y Sur, las luminarias en diversos puntos del municipio y el suministro de mezcla asfáltica de la empresa MAVICI para el bacheo— los procedimientos de adjudicación iniciaron sin autorización del Cabildo y sin disponibilidad presupuestal, en posible violación de la Ley de Disciplina Financiera.
A ello se suman ocho rubros en los que se pagó sin acreditar la entrega y aplicación de los bienes —material eléctrico, pintura e impermeabilizante, material de construcción, insumos de semaforización, cámaras del C-4 y material de alumbrado— y seis compras cuyo «estudio de mercado» no corresponde a la investigación que debió fijar los precios de referencia.
El dinero de la Alerta de Género, entre las irregularidades
Las obras complementarias del corredor seguro de la avenida Primero de Mayo se pagaron con recursos de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 2025, en sus vertientes de feminicidio y desaparición, y acumulan nueve observaciones: contratación por encima del monto máximo legal, excepción no acreditada, gasto cargado a una partida que no correspondía y, en la vertiente de feminicidio, pago sin comprobar la entrega de los bienes. El hallazgo ocurre en un municipio donde, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia familiar mantiene una tendencia al alza de 15.8 por ciento.
Siete de cada diez pesos, a la burocracia
Las cifras generales completan el retrato. En 2025 el municipio ejerció 3,219.6 millones de pesos: el 69.6 por ciento se fue en nómina y servicios generales, mientras la inversión pública recibió apenas el 12.4 por ciento —unos 721 pesos por habitante en todo el año, con la población del Censo 2020—. Además, 278.2 millones del presupuesto modificado quedaron sin ejercer, pese a las obras suspendidas y a la clínica cerrada.
El informe presume también que recursos autorizados para inversión se movieron de un capítulo a otro para pagar combustible, y que la remodelación de la recepción del Palacio Municipal se contrató como si fuera un servicio —esquivando la normatividad de obra pública— y se pagó con una partida destinada a obras de convenios entre los gobiernos federal y estatal.
Lo que sigue
Las observaciones del OSFEM están formuladas como presunciones y el ayuntamiento podrá presentar aclaraciones en la etapa de solventación. Pero la dimensión del resultado —36 de 36 rubros observados, con las mismas prácticas repetidas de contrato en contrato— rebasa el terreno del error administrativo: describe una forma de gobernar el dinero público sin controles y sin testigos.
El gobierno municipal se presenta a sí mismo como una gerencia eficiente. La auditoría del propio Estado documenta otra cosa: discrecionalidad. El pueblo de Cuautitlán Izcalli, dueño de cada peso ejercido, tiene derecho a la solventación pública de los 36 pliegos, a conocer los nombres de quienes autorizaron cada pago y a que la clínica de La Quebrada abra sus puertas.
Y como se anunció al inicio de esta nota: la próxima semana haremos público el análisis completo de esta auditoría. Estén pendientes de nuestras publicaciones y de nuestras redes sociales, porque la información es del pueblo y al pueblo tiene que llegar completa.









