Por Fernando Elías
Desde una perspectiva deseable de políticas públicas transformadoras, el análisis de la seguridad ciudadana y la efectividad gubernamental no puede reducirse a una mera contabilidad policial o punitiva.
La seguridad pública es una síntesis compleja de justicia social, fortaleza institucional, garantía de derechos económicos y sociales, y la calidad de la convivencia democrática en el territorio.
Los datos del tercer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el INEGI arrojan luz sobre una crisis profunda de gobernabilidad y desatención estructural en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
El colapso de la legitimidad institucional o el desplome del 9.5%
y el umbral del 9%
El dato más revelador y alarmante del informe para Cuautitlán Izcalli se encuentra en la percepción de efectividad del gobierno municipal para resolver las principales problemáticas: el municipio experimentó una reducción estadísticamente significativa de 9.5 puntos porcentuales, situándose en un crítico 9.0% de aprobación ciudadana en septiembre de 2026 (descendiendo desde el 18.5% registrado en junio de 2026).
Desde una óptica progresista, este desplome no es un accidente comunicacional, sino la manifestación de una crisis de representación y de capacidad gubernamental:
- Déficit democrático y distanciamiento social: Cuando apenas el 9% de la población confía en la capacidad de su gobierno local para resolver los problemas públicos, se rompe el pacto social básico de reciprocidad fiscal y gobernanza democrática. La ciudadanía experimenta un abandono institucional crónico.
- La trampa de la gestión ineficiente: Un gobierno municipal incapaz de articular respuestas operativas a escala local genera una espiral de apatía, desconfianza y deslegitimación de la vía institucional, empujando a la sociedad a la fragmentación comunitaria.
Contexto de seguridad y su correlato con los servicios públicos
Si bien la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli pasó de 74.9% en junio a 71.6% en septiembre de 2026, la cifra se mantiene en niveles altísimos, reflejando que más de siete de cada diez habitantes se sienten inseguros en su propia ciudad.
En contraste con lo que ocurre en el país, el municipio se mantiene significativamente por encima del promedio nacional, el cual se ubica en 58.1% para el mismo periodo de septiembre de 2026.
A esa situación habría que sumar el alto índice de conflictividad vecinal como síntoma de una sociedad bajo estrés crónico, donde la falta de servicios públicos eficientes y la precarización de la vida cotidiana erosionan la solidaridad comunitaria.
Desde la visión del Movimiento Social, el conflicto vecinal no es solo un problema de «mala educación cívica», sino el resultado de entornos urbanos hostiles, carentes de áreas verdes comunitarias, centros culturales y espacios de diálogo democrático local. La convivencia pacífica se construye democratizando el espacio público y fomentando la organización comunitaria autónoma, no mediante la criminalización de las tensiones vecinales.
Para cualquier análisis serio, la seguridad ciudadana es indisociable de los servicios públicos y el bienestar material.
Aunque el reporte de la ENSU detalla los problemas más graves a nivel general en las zonas urbanas del país, liderados por los baches en calles y avenidas (83.1%), las fallas y fugas en el suministro de agua potable (61.2%) y las coladeras tapadas (57.0%), en municipios mexiquenses como Cuautitlán Izcalli estas deficiencias estructurales fungen como el principal detonante de la desconfianza institucional.
Existe una relación directa y causal entre la degradación de los servicios públicos y la percepción de inseguridad. Cuando un gobierno municipal fracasa en garantizar derechos básicos como el acceso al agua, el saneamiento o el mantenimiento vial, se produce un abandono institucional que el crimen organizado y la delincuencia común aprovechan para arraigarse. La falta de iluminación adecuada y calles deterioradas incrementan la vulnerabilidad de las clases trabajadoras que se desplazan en horarios nocturnos. Una política transformadora exige entender que el agua, la movilidad digna y el pavimento no son simples «obras», sino derechos humanos cuya omisión genera violencia estructural.
Desigualdad de género y violencias estructurales
Para un análisis riguroso es importante resaltar de manera transversal la perspectiva de género. Los datos de la ENSU demuestran de forma sostenida que la vulnerabilidad y el miedo en el espacio público están sexuados: a nivel nacional, las mujeres experimentan una percepción de inseguridad sistemáticamente mayor (64.2% frente al 50.6% de los hombres), concentrándose en espacios cotidianos como los cajeros automáticos (75.9%) y la vía pública (67.6%).
En un municipio con las características industriales y de alta movilidad pendular como Cuautitlán Izcalli, esto evidencia que:
- El entorno urbano es expulsor y discriminatorio para las mujeres, limitando su derecho a la ciudad, su autonomía económica y su libre tránsito.
- Las violencias en el entorno familiar y comunitario, que en el ámbito nacional muestran incidencias preocupantes de agresiones psicológicas y físicas, actúan en complicidad con una autoridad municipal omisa que carece de redes locales robustas de cuidado, prevención y atención integral a las violencias de género.
Hacia una agenda progresista de rescate y transformación local
Ante un escenario donde el 9% de efectividad gubernamental refleja la bancarrota del modelo administrativo actual en Cuautitlán Izcalli, la salida no puede ser el endurecimiento autoritario ni la simulación tecnocrática, sino una profundización democrática y social:
- Fortalecimiento de las capacidades estatales y fiscales: Es indispensable sanear las finanzas municipales mediante una recaudación progresiva y justa, combatiendo la opacidad y orientando el gasto público hacia la inversión en infraestructura social básica (agua, bacheo, iluminación comunitaria).
- Modelo de seguridad ciudadana con enfoque de derechos: Desplazar el modelo policial punitivo hacia un modelo de proximidad, inteligencia social y prevención del delito, articulado con las fuerzas federales (Guardia Nacional y Marina) pero bajo mando civil democrático y rendición de cuentas transparente.
- Presupuestos participativos y planeación desde abajo: Democratizar la toma de decisiones mediante mecanismos vinculantes de presupuestos participativos, devolviendo a las comunidades organizadas de Cuautitlán Izcalli el poder de decidir sobre las obras y prioridades de sus colonias y pueblos originarios.
- Políticas de cuidados y recuperación del espacio público: Iluminar, rescatar y dinamizar plazas, parques y rutas de transporte con un enfoque de género, convirtiendo el espacio público en un motor de reconstrucción del tejido comunitario.
La caída histórica en la percepción de efectividad gubernamental en Cuautitlán Izcalli debe leerse como una oportunidad de ruptura con las inercias neoliberales de abandono administrativo, exigiendo una administración municipal presente, garante de derechos y articulador de bienestar.
