Por Fernando Elías
Miles de campesinos e indígenas exigen justicia frente a la Suprema Corte
Ciudad de México, 11 de mayo. Frente a la sede de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizaciones campesinas e indígenas encabezadas por la Central Campesina Cardenista (CCC) realizaron el pasado jueves una movilización para denunciar lo que califican como una “deuda histórica” del Estado mexicano con el campo, los pueblos originarios y las comunidades agrarias del país.
La protesta, marcada por consignas, mantas y posicionamientos públicos, puso sobre la mesa una realidad incómoda para el discurso oficial de transformación: a más de 34 años del fin del reparto agrario, miles de expedientes continúan archivados, sin resolución y fuera del acceso efectivo a la justicia.
“A más de 34 años del fin del reparto agrario, miles de expedientes continúan archivados entre el abandono y la injusticia, dejando sin respuesta a generaciones de solicitantes de tierra”, denunciaron las organizaciones durante el pronunciamiento leído frente al máximo tribunal del país.
La movilización no solo apuntó hacia el rezago agrario. También denunció que cientos de comunidades indígenas continúan sin reconocimiento legal ni titulación de sus territorios, pese a haber sido históricamente las guardianas de bosques, manantiales y ecosistemas estratégicos para la vida urbana y rural.
El rezago agrario: una herida abierta
De acuerdo con sendos documentos dirigidos a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, la CCC sostiene que existen más de 20 mil expedientes agrarios en rezago que nunca fueron turnados ni resueltos por los tribunales agrarios y que, en cambio, quedaron archivados mediante acuerdos administrativos.
La denuncia revela un problema estructural que atraviesa distintas administraciones federales: mientras el discurso institucional habla de justicia social y defensa del territorio, miles de campesinos y comunidades siguen atrapados en laberintos burocráticos construidos desde el abandono deliberado del campo mexicano.
La organización recordó que el fin del reparto agrario, impulsado con las reformas salinistas de 1992 al artículo 27 constitucional, significó el cierre de una etapa histórica de acceso a la tierra para campesinos sin propiedad. Desde entonces, numerosas solicitudes quedaron congeladas, archivadas o simplemente ignoradas.
Hoy, décadas después, las consecuencias persisten. Familias enteras envejecieron esperando resoluciones que nunca llegaron. Comunidades completas sobreviven sin certeza jurídica sobre las tierras que habitan y trabajan desde hace generaciones.
Comunidades indígenas bajo presión inmobiliaria y criminal
Uno de los puntos más duros del pronunciamiento se centró en la situación de las comunidades indígenas del Estado de México y otras regiones del país.
Según la CCC, tan solo en el Estado de México existen alrededor de 400 comunidades que poseen ancestralmente sus tierras, pero carecen de reconocimiento legal. Esa ausencia de certeza jurídica las deja expuestas al despojo territorial, la especulación inmobiliaria y la presión de intereses políticos y criminales.
Las organizaciones denunciaron que muchos de estos territorios forman parte de zonas forestales estratégicas y del llamado “Bosque de Agua”, una región fundamental para el abastecimiento hídrico del centro del país.
“Estas comunidades, que son guardianas de los bosques y fuentes de agua que sostienen la vida en las ciudades, enfrentan hoy el asedio de intereses económicos, políticos e incluso criminales”, señala el documento entregado a la Corte.
Detrás de esa disputa territorial se encuentra un modelo de desarrollo que privilegia la urbanización y los negocios inmobiliarios por encima de la conservación ambiental y los derechos colectivos de los pueblos.
Un llamado directo a la Corte y al gobierno federal
Durante la movilización, la Central Campesina Cardenista hizo un llamado público tanto al Gobierno de México como a la Suprema Corte para construir una ruta de trabajo que atienda las demandas históricas del sector agrario.
Las exigencias planteadas fueron claras:
- Fin al rezago agrario.
- Justicia para solicitantes de tierra, ejidos y comunidades indígenas.
- Fortalecimiento de las instituciones del sector agrario.
- Defensa del territorio, los bosques y el agua.
- Reconocimiento y titulación de comunidades indígenas.
- Presupuesto digno para el campo mexicano.
La organización reconoció la reciente firma de un convenio entre la Suprema Corte y el sector agrario para fortalecer la defensa de la propiedad social. Sin embargo, advirtió que dicho acuerdo se concentra principalmente en los núcleos agrarios ya reconocidos y deja fuera a miles de expedientes rezagados y comunidades no tituladas.
Por ello, la CCC solicitó la instalación de una mesa permanente entre la Suprema Corte, las instituciones agrarias y las organizaciones campesinas e indígenas para discutir soluciones concretas.
El campo mexicano frente al “segundo piso”
La protesta también dejó ver una crítica política de fondo: el abandono presupuestal y estratégico del sector agrario incluso en el contexto del llamado “segundo piso de la transformación”.
En el documento dirigido al Poder Judicial, la organización advierte que el sector agrario no está siendo fortalecido con una visión verdaderamente agrarista y que persiste una profunda desigualdad presupuestal frente al desarrollo urbano.
La crítica no es menor. Mientras megaproyectos urbanos e inmobiliarios continúan expandiéndose en distintas regiones del país, comunidades campesinas e indígenas siguen enfrentando conflictos por agua, bosques y tierra sin apoyo institucional suficiente.
La movilización del jueves volvió a colocar en el centro una pregunta incómoda para el Estado mexicano: ¿puede hablarse de transformación y justicia social mientras miles de campesinos e indígenas continúan esperando el reconocimiento de derechos básicos sobre la tierra que históricamente han trabajado y defendido?
Al cierre de la jornada, los manifestantes insistieron en que la justicia agraria no puede limitarse a los expedientes ya resueltos.
“La tierra no es solo un bien material: es memoria, identidad y futuro”, señalaron.
Y mientras los discursos oficiales celebran avances institucionales, en las calles persiste el reclamo de quienes siguen esperando que la justicia llegue también al campo mexicano.
