Tierras prometidas, justicia burlada y la sombra de los abogados de la confrontación
Por: Fernando Elías
San Miguel Tasquillo, Hidalgo, 7 de mayo de 2026. Hoy se cumplen 37 años de un acto de dignidad campesina: la ocupación de tierras en la comunidad de San Miguel, en el municipio de Tasquillo, Hidalgo. Aquella irrupción, hija de la pobreza y la promesa incumplida de la reforma agraria, hoy es memoria viva que desemboca en una nueva jornada de movilización. La Central Campesina Cardenista (CCC) ha convocado a una marcha hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este jueves 7 de mayo, en un contexto crítico: el incumplimiento de una sentencia agraria firme y la presunta injerencia de litigantes que lucran con la desesperación ajena.
El hecho sin ejecución: una sentencia en el abismo
El pasado 13 de marzo de 2026 estaba programada la ejecución de un procedimiento de posesión correspondiente al Ejido Puerto Dexthi —también conocido como Comunidad San Miguel—, derivado de una sentencia definitiva emitida el 27 de septiembre de 2025. Dicha resolución reconoce el derecho agrario previamente establecido sobre esas tierras, dotadas originalmente por decreto desde 1992. Sin embargo, la orden judicial se quedó en el papel. La posesión no se materializó.
Pero el origen del conflicto se hunde décadas atrás. La Comunidad Puerto Dexhti reclama históricamente una pequeña franja de territorio que aparecía en su plano proyecto original, pero que no pudo incorporarse a la dotación ejidal porque, en aquel entonces, se acreditó legalmente como propiedad privada de la empresa Inmobiliaria y Rehabilitadora Nacional S.A., representada por Fernando Sosa Balderas.
Cuando el Estado compró la tierra, pero no la paz
Para resolver el diferendo, en 1992 la propia empresa vendió al Gobierno Federal 191 hectáreas por la astronómica suma —para la época— de 1,225 millones 786 mil 900 pesos, con el fin de destinarlas a la dotación agraria. Las tierras fueron incorporadas al régimen ejidal, y el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen favorable el 14 de agosto de 1996, señalando que no existían problemas jurídicos para ejecutar la sentencia de dotación.
Los planos definitivos del ejido quedaron debidamente acreditados, validados por las instituciones competentes, con verificación de colindancias, notificaciones y, fundamentalmente, con la firma de conformidad de todos los interesados. En teoría, el asunto estaba finiquitado. En la práctica, la herida nunca cerró.
El papel de los “abogados inescrupulosos”
Lo que ocurre hoy en San Miguel es un síntoma de una enfermedad estructural del campo mexicano: la judicialización eterna de conflictos agrarios ya resueltos en sede legal, pero que ciertos operadores jurídicos mantienen vivos para obtener réditos personales. Organizaciones campesinas y documentos a los que tuvo acceso esta investigación señalan directamente al licenciado Óscar Ñonthe Zamudio, a quien se le acusa de promover juicios de amparo utilizando de manera abusiva los resquicios procesales, generando falsas expectativas entre comunidades indígenas del Valle del Mezquital.
Gracias a este tipo de estrategias, se logró declarar insubsistente el procedimiento de dotación agraria 53/1998, abriendo una puerta que ya había sido clausurada por la ley. No es un caso aislado: en Villagrán y Pueblo Nuevo, el modus operandi se repite: se instiga a campesinos a continuar litigios inviables, se siembra confrontación entre comunidades y se obstaculiza la ejecución de resoluciones firmes.
El resultado es devastador: división social, desconfianza en las instituciones, y lo peor, corrupción enquistada en algunos actores del sistema de justicia agraria.
Movilización a la Corte: un llamado a la autoridad
Este jueves 7 de mayo, la Central Campesina Cardenista exigirá en la SCJN que se garantice el cumplimiento de la sentencia del 27 de septiembre de 2025. Pero su pliego de demandas va más allá: piden una investigación contra los litigantes que, al amparo de la impunidad, generan conflictos eternos que sólo benefician a sus bolsillos.
El mensaje es claro: no se puede seguir permitiendo que abogados inescrupulosos utilicen a los pueblos indígenas como carne de cañón jurídico, ni que el Estado mexicano incumpla sus propias sentencias cuando se trata de justicia para los campesinos.
A 37 años de la ocupación de San Miguel, la tierra sigue siendo un campo de batalla. Pero esta vez, los campesinos levantan la voz no sólo contra los terratenientes de antaño, sino contra los nuevos usureros del expediente. Que la Corte los escuche. Y que la justicia, por una vez, no tarde más.
