Por Fernando Elías
Desde la perspectiva de construcción de una alternativa transformadora del municipio de Cuautitlán Izcalli, hay un principio que debe estar en el centro del análisis: el poder público no es propiedad de quien gobierna; es un mandato temporal que debe ejercerse en beneficio de la población y bajo controles democráticos.
Por eso, cuando la fuerza pública municipal interviene en actividades políticas, culturales o sociales vinculadas con adversarios internos y externos, la pregunta fundamental no es si el alcalde tiene diferencias con la oposición, sino si está utilizando los recursos del Estado para resolver una disputa política.
Por eso resulta conveniente desarrollar el análisis distinguiendo tres dimensiones:
- Los hechos y sus implicaciones institucionales.
- Las posibles motivaciones políticas y estratégicas del presidente municipal.
- La hipótesis de que la confrontación, la exposición pública y el desplazamiento de sus aspiraciones políticas puedan formar parte de una estrategia de supervivencia.
Los posibles escenarios políticos a resaltar:
- El operativo policial, algo más que una discusión sobre permisos
El episodio del 2 de noviembre de 2026, en el fraccionamiento San Antonio, tiene elementos que justifican un escrutinio público.
De acuerdo con las publicaciones del 2 de noviembre, la diputada local Joanna Felipe Torres organizó una jornada de teatro infantil por el Día de Muertos. La legisladora denunció que policías municipales interrumpieron la presentación, que hubo agresiones y que integrantes de su equipo fueron detenidos.
La cifra difundida por el PAN fue de aproximadamente 150 elementos, 35 patrullas y participación de la Guardia Nacional. Estas cifras deberían contrastarse con los partes oficiales y los registros operativos.
Hay, también, una versión institucional a considerar: el gobierno municipal sostuvo que los organizadores no contaban con los permisos necesarios para utilizar la vía pública y que la intervención obedeció a cuestiones administrativas y de Protección Civil. También se difundieron señalamientos sobre presuntas provocaciones y agresiones contra policías.
Cabe recordar que una situación similar la vivió la Diputada Federal Xóchitl Zagal a la que no se le permitió realizar un evento de intercambio de productos hechos por pymes de la localidad, aunque el suceso no llegó a mayores por la prudencia de la diputada.
Esto abre una cuestión fundamental:
Aunque hubiera existido una infracción administrativa, ¿era necesario desplegar semejante dispositivo policial para resolverla?
Una autoridad puede verificar permisos, solicitar documentación, emitir una notificación, establecer medidas preventivas e incluso aplicar sanciones conforme a derecho. Pero el uso de la fuerza debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
La existencia de un permiso faltante no convierte automáticamente a los organizadores en delincuentes ni justifica cualquier intervención policial.
Desde una perspectiva democrática, el problema es particularmente delicado porque la cultura comunitaria, el uso del espacio público y la participación política son derechos que deben protegerse, no convertirse en privilegios sujetos a la cercanía con el gobierno.
La dimensión política del conflicto
Aquí aparece una cuestión que merece especial atención: la diferencia entre ejercer autoridad y demostrar autoridad.
Cuando un gobierno utiliza un despliegue policial considerable frente a una actividad organizada por una adversaria política, la actuación adquiere inevitablemente una dimensión simbólica.
El mensaje que puede recibir la ciudadanía no se limita a que existen reglas municipales. También puede interpretarse como una advertencia: las actividades políticas que no cuentan con la aprobación del gobierno pueden enfrentar obstáculos.
No afirmo que ésa haya sido necesariamente la intención del alcalde. Pero sí es una consecuencia política que debemos reflexionar todos.
El episodio de características semejantes durante una actividad de la Diputada Federal Xóchitl Zagal, muestra un posible patrón de actuación de la administración municipal frente a figuras políticas que compiten dentro o fuera de Morena.
- ¿Por qué un gobernante confrontaría directamente a sus adversarios?
Hay varias explicaciones posibles y no necesariamente excluyentes entre sí.
Intimidación y control del territorio político
Un presidente municipal no solamente administra servicios y presupuesto.
También controla, dentro de sus atribuciones, una estructura institucional con capacidad de regular el espacio público y desplegar cuerpos de seguridad.
La confrontación directa puede tener como efecto:
- Desincentivar actividades públicas de sus adversarios.
- Elevar el costo político y operativo de organizar eventos fuera de la estructura gubernamental.
- Mostrar a otros actores locales quién tiene el control de la administración.
- Reducir la presencia territorial de figuras políticas independientes del Ayuntamiento.
Esto puede analizarse como un intento de concentración del poder local.
La cuestión es si la autoridad está aplicando reglas generales o si está utilizando sus facultades de manera selectiva.
Convertir al adversario en un protagonista político
Una confrontación puede producir un resultado paradójico: el gobernante tiene el aparato institucional, pero su adversario obtiene la atención pública.
La legisladora puede pasar de ser una figura que organiza actividades comunitarias a convertirse en una representante que denuncia restricciones a las libertades y presuntos abusos de autoridad.
Eso le permite:
- Obtener visibilidad mediática.
- Construir una narrativa de defensa de derechos.
- Convocar a organizaciones políticas y sociales.
- Presentarse como víctima de un gobierno que utiliza la fuerza.
- Trasladar una disputa local a la agenda estatal.
En consecuencia, la intervención policial termina fortaleciendo la presencia pública del adversario.
Pero hay una segunda posibilidad: que el gobernante no considere necesariamente negativo ese resultado.
Una confrontación puede servir para polarizar el escenario, desplazar la discusión sobre servicios públicos y desempeño administrativo hacia una disputa entre personajes políticos y obligar a los adversarios a responder en el terreno que el gobernante ha elegido.
El conflicto puede convertirse en una herramienta para controlar la agenda pública, incluso cuando genera costos de imagen.
Más aún, puede ser un acto deliberado para generar las condiciones de competencia que ahora no tiene la oposición en el municipio.
Provocar una reacción para después presentarse como víctima de sus adversarios
Existe otra hipótesis: que el gobernante busque deliberadamente una confrontación para generar una reacción de sus opositores.
En este escenario, la secuencia sería:
– La autoridad interviene en una actividad organizada por un adversario.
– El adversario denuncia abuso de autoridad.
– La oposición responde públicamente y exige sanciones.
– El gobierno argumenta que solamente hizo cumplir la ley.
– El conflicto se transforma en una disputa política entre partidos.
El resultado sería una polarización que puede beneficiar a quienes desean mantener la conversación pública en términos de confrontación.
- El dato electoral: el rechazo al alcalde no necesariamente significa rechazo a Morena
Ya desde julio de 2025, el Diario Basta publicaba resultados de un ejercicio demoscópico realizado el 13 de julio, con 600 entrevistados en Cuautitlán Izcalli. El 72.6% respondió que no votaría por Daniel Serrano si buscara reelegirse.
Posteriormente, un seguimiento publicado por Punto Medio, fechado el 13 de octubre de 2026, reportó que el 63.1% respondería negativamente a la posibilidad de votar por su reelección, frente al 36.9% que respondería afirmativamente.
Hay otro dato que permite comprender mejor el escenario: un análisis publicado en octubre de 2026 presenta una medición de Rubrum en la que Morena aparece con 40.1% de preferencia partidista para la alcaldía y el PAN con 30.1%.
Y lo que viene a sepultar las aspiraciones de cualquier actor político, la ENSU sitúa al gobierno izcallense como el peor evaluado en la efectividad del gobierno local para resolver las problemáticas del municipio.
Esto permite formular una pregunta política importante:
¿Puede existir una diferencia entre el respaldo electoral a una fuerza política y la evaluación de la persona que actualmente la representa en el gobierno municipal?
La respuesta es un tajante Sí. Son variables distintas.
Un ciudadano puede identificarse con el proyecto nacional de Morena, respaldar determinadas políticas sociales y, al mismo tiempo, cuestionar el desempeño de su presidente municipal.
También puede ocurrir lo contrario: una persona puede desaprobar al alcalde y no necesariamente simpatizar con el PAN.
Por eso, no sería correcto interpretar cualquier rechazo a Daniel Serrano como una transferencia automática de votos hacia la oposición.
¿Qué consecuencias puede tener esto para la estrategia del alcalde?
Si un gobernante enfrenta cuestionamientos sobre su desempeño y una evaluación negativa de su posible continuidad, tiene distintos incentivos políticos:
- Buscar recuperar legitimidad mediante resultados de gobierno.
- Fortalecer su relación con las estructuras partidistas.
- Construir una narrativa de confrontación con sus adversarios.
- Intentar desplazar la discusión de los resultados administrativos hacia el conflicto político.
- Buscar posiciones y alianzas fuera del ámbito municipal.
La confrontación que se vivió este fin de semana pareciera formar parte de la tercera y cuarta opciones.
Hay un aspecto adicional: si el rechazo ciudadano es predominantemente hacia el alcalde y no hacia Morena, la dirigencia partidista tiene razones para evaluar por separado el desempeño del gobierno municipal y la identidad política de su partido.
Eso es particularmente importante en un sistema donde la marca partidista y la figura del gobernante pueden tener comportamientos distintos.
- El presupuesto municipal: el verdadero terreno de la rendición de cuentas
Es de resaltar que el EJERCICIO FISCAL 2026 que corresponde al municipio de Cuautitlán Izcalli es de $3,896,602,880
Como se puede observar no estamos hablando de una administración con recursos marginales. Estamos hablando de una institución que administra miles de millones de pesos de recursos públicos.
Y eso obliga a formular preguntas mucho más importantes que las diferencias personales entre el alcalde y sus adversarios:
- ¿Qué empresas recibieron contratos de obra pública?
- ¿Cómo se asignaron las adquisiciones y los servicios?
- ¿Qué porcentaje del presupuesto se ejerció efectivamente?
- ¿Qué calidad tienen las obras realizadas?
- ¿Existen diferencias entre los montos contratados y los trabajos entregados?
- ¿Cómo se justificaron las ampliaciones presupuestales?
- ¿Qué resultados verificables produjo el incremento del gasto en seguridad?
- ¿Qué observaciones han hecho los órganos fiscalizadores?
¿Existe un antecedente de observaciones financieras?
Sí, antes de asumir la presidencia municipal, Daniel Serrano declaró que la administración saliente de la panista Karla Fiesco enfrentaba observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por aproximadamente mil millones de pesos. Se comprometió entonces a revisar y solventar las observaciones correspondientes.
Hasta ahora no se sabe que se tengan resultados de dichas observaciones y por supuesto no hay repercusiones legales contra ningún funcionario público.
Por otra parte, el OSFEM publicó resultados de auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2023 de Cuautitlán Izcalli, con observaciones en materia de legalidad.
Es importante aclarar que una observación de la auditoría no equivale automáticamente a un desvío de recursos, un delito o una responsabilidad administrativa firme, pero si permite preguntarse ¿qué resultados arrojará la fiscalización del ejercicio presupuestal 2025 y, posteriormente, del ejercicio 2026, que ya corresponden al gobierno de Daniel Serrano?
Aquí existe una oportunidad para que el pueblo, las organizaciones sociales y los integrantes del propio Cabildo exijan información verificable.
Por eso no hace falta especular sobre delitos: los contratos, las facturas, las estimaciones de obra, las actas de entrega-recepción y los informes de auditoría permiten construir una evaluación documentada.
- ¿La confrontación puede servir para distraer la atención de posibles responsabilidades administrativas?
Un gobernante que enfrenta cuestionamientos sobre su gestión puede tener incentivos para trasladar la discusión pública hacia conflictos externos, especialmente cuando esos conflictos permiten construir una narrativa de persecución política.
En lugar de que la conversación pública se concentre en:
- El ejercicio del presupuesto.
- La contratación de obra pública.
- Las adquisiciones gubernamentales.
- Los resultados en seguridad.
- La calidad de los servicios.
- Las posibles responsabilidades de funcionarios.
La discusión se concentra en los enfrentamientos con legisladores, dirigentes partidistas/sociales y adversarios internos.
Esto puede generar un efecto de desplazamiento de la agenda pública.
Para el caso del fin de semana pasado, hay dos líneas de investigación que no deberían confundirse:
- La posible utilización política de la fuerza pública.
- La fiscalización del ejercicio de los recursos públicos.
Ambas merecen investigación independiente. Ninguna debe utilizarse para desviar la atención de la otra.
¿Hay negociación de impunidad entre Daniel Serrano y el PAN de Johanna Felipe Torres?
La certeza de este posible escenario nos la darán las respuestas a las siguientes preguntas:
- Qué investigaciones o expedientes podrían comprometer a funcionarios de la anterior y actual administración.
- Qué personas o instituciones tendrían capacidad para influir en esos procedimientos.
- Qué acuerdos políticos o administrativos podrían existir.
- Si hay evidencia de compromisos de protección, encubrimiento o interferencia institucional.
Mientras tanto lo que sí puede afirmarse es que se hace necesaria una fiscalización popular independiente y la continuidad de las investigaciones que hay en curso para evitar que el cambio de administración se convierta en un mecanismo de protección política.
- ¿Daniel Serrano podría estar pensando en abandonar la disputa municipal y pretender construir un proyecto político estatal?
El horizonte temporal de la administración de Daniel Serrano es importante: enero de 2025 a diciembre de 2027.
Esto significa que, en noviembre de 2026, se encuentra en la etapa final de su gobierno, cuando las decisiones administrativas comienzan a coexistir con los cálculos sobre la siguiente etapa política.
Y el gerente municipal, ante su grey y en su soberbia infinita, ha manifestado su pretensión de aspirar a otros espacios de poder público.
Entre sus posibles objetivos están:
- Buscar una posición dentro del Gobierno del Estado de México.
- Construir relaciones con integrantes del gabinete estatal.
- Fortalecer sus vínculos con dirigentes de Morena.
- Obtener influencia en la selección de candidaturas en otros municipios.
- Buscar una diputación local o federal, situación que pareciera ya no sería posible en este momento.
- Posicionarse para participar en proyectos políticos de mayor alcance.
El resultado es el mismo que buscaban los políticos del PAN y el PRI, la utilización de los gobiernos municipales como plataformas de construcción de capital político personal.
Poniendo, por supuesto, el proyecto personal antes que el proyecto colectivo del pueblo izcallense.
Y éste es el problema de fondo.
Los cargos públicos no deberían entenderse como escalones de una carrera personal, sino como responsabilidades sujetas a resultados y rendición de cuentas.
Cuando un gobernante comienza a privilegiar su posicionamiento político por encima de las necesidades de la población, se presenta un problema de representación democrática.
En ese escenario, los recursos públicos, las estructuras administrativas, las relaciones institucionales y la presencia mediática pueden terminar subordinándose a objetivos individuales.
La pregunta no es si un alcalde tiene derecho a aspirar a otros cargos. Naturalmente que lo tiene.
La pregunta es si está cumpliendo con sus responsabilidades actuales y si está utilizando los recursos institucionales exclusivamente para fines públicos.
- Los posibles escenarios políticos
En principio y de manera general podemos identificarse cinco escenarios posibles:
Escenario 1. Control político mediante la confrontación
La administración utiliza sus facultades regulatorias y de seguridad de una manera que termina obstaculizando la presencia pública de sus adversarios.
Escenario 2. Polarización como mecanismo de supervivencia
Los enfrentamientos desplazan la discusión sobre los resultados del gobierno hacia una disputa entre personajes políticos. La agenda pública se concentra en el conflicto.
Escenario 3. Reacomodo político y búsqueda de nuevos espacios
El presidente municipal privilegia la construcción de relaciones partidistas y gubernamentales fuera del Ayuntamiento, mientras intenta mantener influencia sobre el escenario político local.
Escenario 4. Conflictos administrativos y políticos independientes
Las intervenciones policiales responden a decisiones administrativas, posiblemente controvertidas o desproporcionadas, sin que necesariamente exista una estrategia electoral o de encubrimiento detrás de ellas.
Escenario 5. Conflicto simulado para convertir al adversario en mártir
Ante la inminente derrota interna por la candidatura para la reelección a presidente municipal y con una administración con un manejo desaseado de los recursos públicos, se acuerda con el adversario darle garantías de impunidad a cambio de generar las condiciones que le permitan ganar al candidato opositor.
Estos escenarios no son mutuamente excluyentes. Incluso podrían coexistir algunos de ellos.
Pero hay una pregunta adicional que merece nuestra atención: ¿qué ocurrió con los recursos adicionales destinados a seguridad pública?
Habría que recordar que el Ayuntamiento informó que el presupuesto de seguridad para 2026 ascendió a 579 millones de pesos, un incremento de aproximadamente 51% respecto de 2024.
Por lo tanto y más allá de la preferencia partidista, sería importante que se hiciera pública la información sobre el costo del operativo, su fundamento, los recursos utilizados y la prioridad que se le otorgó frente a las necesidades ordinarias de seguridad.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos.
- Conclusión: el problema de fondo es la apropiación del poder público
La cuestión más importante no es si Daniel Serrano tiene diferencias con Joanna Felipe Torres, Xóchitl Zagal o cualquier otro actor político.
Tampoco es si pretende reelegirse, incorporarse al Gobierno del Estado de México o construir una candidatura en el futuro.
El problema central es, si las instituciones municipales están siendo utilizadas para atender las necesidades de la población o para administrar las relaciones de poder del grupo gobernante.
Desde nuestra visión de izquierda popular, resulta especialmente contradictorio que un gobierno que reivindica la transformación social, la participación popular y el protagonismo ciudadano pueda verse involucrado en denuncias de intervenciones policiales contra actividades comunitarias.
La transformación democrática no consiste en cambiar a quienes ocupan los cargos públicos para reproducir las mismas prácticas de concentración del poder. Consiste en democratizar las instituciones, ampliar derechos, garantizar libertades y someter el ejercicio gubernamental al escrutinio ciudadano.
Sabemos que un gobernante que enfrenta cuestionamientos sobre su desempeño, una evaluación desfavorable de su posible continuidad y conflictos con otros actores políticos tiene incentivos para redefinir su posición en el escenario público.
Y una de las estrategias posibles es la confrontación, que puede permitirle polarizar, movilizar apoyos, desplazar temas incómodos o fortalecer su interlocución política.
Sin embargo, si el ejercicio del poder termina convirtiendo a la policía, los reglamentos y los recursos públicos en instrumentos de disputa partidista, el problema trasciende al alcalde y afecta directamente la calidad de la democracia municipal.
Y hay algo que no debería perderse de vista: los casi 3 mil 900 millones de pesos del presupuesto de Cuautitlán Izcalli no pertenecen a Daniel Serrano, al PRI, al PAN ni a ningún grupo político. Pertenecen a la hacienda pública y deben traducirse en mejores servicios, seguridad, infraestructura y bienestar.
La verdadera rendición de cuentas no se resuelve con discursos contra los adversarios ni con enfrentamientos políticos. Se resuelve con documentos, auditorías, resultados y responsabilidades.
