Por Fernando Elías
EL PUEBLO NO DEBE PAGAR LA INEFICIENCIA DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO DE MÉXICO
Subir la tarifa hoy, significa hacer pagar al pueblo por la mala gestión, el fracaso de los modelos de concesión y las prioridades presupuestales que privilegian al automóvil: es una medida regresiva, injusta y técnicamente innecesaria si se adopta un plan serio de reestructuración y financiamiento público-social del transporte.
Algunos argumentos políticos, sociales y técnicos.
Es una traición al pueblo: impacto regresivo e inflación indirecta.
- “La Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU) se estableció en junio 2024 con el fin de que los gobiernos locales de todo el país desarrollen un sistema de transporte colectivo eficiente accesible, seguro y sustentable. (Facebook SEDATU)
- El transporte público es esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo y el acceso a derechos (salud, educación, trabajo). Las familias con menores ingresos destinan una proporción mucho mayor de su ingreso al transporte; por tanto, subir la tarifa agrava la desigualdad. La PNTPCU recuerda que el transporte colectivo es columna vertebral de la movilidad y un elemento de inclusión social.
- Además del efecto directo (más gasto diario para millones), hay efectos inflacionarios en bienes y servicios (transporte de insumos, incremento de costos de frecuencias en mercados locales), por lo que el golpe no es sólo individual sino sistémico. La evidencia empírica sobre cómo los costos de transporte se transmiten a precios locales es robusta; aplicar aumentos ahora significa que las capas más pobres pagarán la ineficiencia.
El argumento técnico de “cubrir costos” no resiste el escrutinio político-económico.
- Los transportistas alegan gastos (combustible, refacciones), pero estas son fallas de modelo: la prevalencia del esquema “hombre-camión” (85% del servicio) genera sobreoferta mal organizada, competencia por pasaje, cobran en efectivo y baja calidad, eso es la raíz del problema, no el usuario. Es injusto publicar una tarifa que transfiera a la población los costos de un modelo disfuncional.
- La PNTPCU exige transicionar a concesiones por empresa, integración tarifaria y subsidios dirigidos como alternativa a la simple subida tarifaria. Subir tarifa sin plan de transición contraviene las recomendaciones técnicas nacionales.
El parque vehicular y el servicio son malos, extender la vida útil a 13 años, como lo anunciaron el año pasado, empeora la situación estructural.
- Estudios y auditorías realizadas al transporte público del Estado de México, muestran obsolescencia, fallas y esperas prolongadas. La calidad del servicio es mejorable por lo que subir tarifas con ese servicio es ilegítimo.
- La decisión administrativa de permitir vida útil de 13 años para unidades del transporte público de pasajeros, convierte a la medida en parche contable: el efecto inmediato es posponer la renovación de flota y aumentar riesgos de mayor mala calidad y costos operativos a mediano plazo. En vez de premiar la longevidad de vehículos envejecidos, la autoridad debería exigir renovación con criterios de seguridad, emisiones y accesibilidad.
Falta de planificación: no hubo propuesta real de readecuación de rutas, ni alternativas comunitarias.
- Un análisis del servicio de transporte al interior de los municipios como Cuautitlán Izcalli muestra que, pese a declaraciones de líderes transportistas y gobernantes en turno, no se ha construido una verdadera red integrada: hay duplicidades, falta de correspondencias tarifarias y saturación en horas pico. Eso demuestra que el problema es de diseño institucional y de planificación territorial. Subir tarifas sin readecuar rutas, es cobrar por ineficiencia.
- La PNTPCU propone matrices y modelos que obligan a planear la transición desde concesión individual hacia corredores gestionados por empresas públicas, mixtas, cooperativas o autoridades, con integración tarifaria y sistemas de pago electrónico: ese es el marco que debería preceder a cualquier ajuste tarifario.
No se exploran alternativas sociales, comunitarias o municipales
- Existen soluciones reales que son más justas: municipalización parcial, corredoras públicas, fondos de compensación tarifaria, cooperativas organizadas con contratos estables, y la reorientación del gasto público desde infraestructura para automóviles hacia transporte público. La PNTPCU critica que más del 70% del gasto se destina a infraestructura vial, hay que revertir eso.
Propuestas concretas y priorizadas o qué hacer en vez de aumentar tarifas.
Nuestras propuestas están pensadas para ser ejecutables por el gobierno municipal, estatal y la sociedad organizada, siempre priorizando justicia social, eficiencia técnica y fiscalización.
Moratoria al alza y auditoría inmediata.
Congelamiento inmediato de cualquier aumento tarifario hasta que no exista un Plan de Transición tarifaria aprobado públicamente (no negociar un alza en despachos con líderes transportistas).
Auditoría técnica y financiera (auditores públicos + académicos + usuarios) sobre rutas, ingresos reales, subsidios y falsos incrementos ilegales (reportes de cobros ilegales). La PNTPCU pide indicadores y seguimiento: ¡solo hay que usarlos!
Financiación progresiva y subsidios dirigidos.
Subsidio público focalizado a rutas internas y alimentadoras y a personas en situación de vulnerabilidad (estudiantes, jubilados, trabajadores de bajos ingresos), en lugar de alzas generales. La PNTPCU incluye instrumentos de subsidio y tarifas diferenciadas.
Reorientación presupuestal: reducir gasto en ampliación de vialidad para autos y activar fondos para operación y renovación de flota (priorizar inversión social). La PNTPCU documenta que gran parte del presupuesto favorece al auto; hay que revertir la lógica.
Reordenamiento operacional.
Plan de readecuación de rutas y redes: diagnóstico por cuencas metropolitanas y municipales, integración de servicios BRT (o semimasivos) + alimentadores, eliminación de duplicidades en rutas intermunicipales y establecimiento de frecuencias mínimas en horas pico (basado en la matriz de la PNTPCU). Esto reduce tiempos de viaje y demanda menos unidades por pasajero, mejorando costos sin subir tarifa.
Transición del modelo ‘hombre-camión’: plan de conversión a concesión por empresa, apoyado por esquemas de financiamiento público y capacitación cooperativa para operadores. La PNTPCU identifica este tránsito como esencial para calidad y control.
Modernización operativa y regulatoria.
Pago electrónico interoperable y sistema tarifario integrado, esto reduce evasión y regula cobros ilegales.
Inspección técnica constante: no más prórrogas automáticas de vida útil sin condiciones; que la extensión a 13 años (si se mantiene) venga con exigencias de mantenimiento, renovación de emisiones y financiamiento para repuestos, o mejor: establecer calendarios de renovación para flotas públicas y subvenciones para reemplazo de unidades obsoletas.
Ejemplos y pilotos, “Izcallibús” como propuesta:
Pilotos municipales tipo Izcallibús (Sistema de Transporte Interno de Cuautitlán Izcalli) para demostrar: rutas racionalizadas, gestión municipal o por consorcios, tarifa integrada, control de calidad y participación ciudadana en el monitoreo. Usar Izcallibús como laboratorio para replicar buenas prácticas (contratos de operación, paraderos seguros, frecuencias garantizadas).
Comités ciudadanos de evaluación para monitorear calidad y tarifas, con publicó acceso a indicadores (la PNTPCU propone 17 indicadores de impacto y 30 de monitoreo).
Por estas razones ¡Exigimos ya!
- No al aumento de tarifas hasta que exista un Plan de Transición tarifaria y operativo con metas, indicadores y participación ciudadana.
- Auditoría pública sobre flotas, cobros ilegales y cuentas de concesionarios.
- Plan de reconversión del modelo hombre-camión con plazos y financiamiento público-social (fondos para capitalizar cooperativas o empresas).
- Rediseño de rutas y tarifa integrada, pago electrónico, subsidios focalizados y reorientación del gasto público hacia transporte.
Nuestra posición política y condición ética.
Subir la tarifa en la situación actual es una medida regresiva y políticamente insostenible: castiga a la mayoría que más depende del servicio, recompensa modelos privados e ineficientes y posterga las reformas estructurales que realmente reducirían costos y mejorarían calidad. Desde la práctica política de izquierda, la lucha debe articular demandas ciudadanas (congelamiento, auditoría, tarifa social) con propuestas técnicas (reordenamiento, transición de modelos, financiamiento público), no aceptamos el falso dilema “subir tarifas o quebrar el servicio”.
Hay alternativas viables y justas; la autoridad tiene la obligación política y legal de atender la reforma constitucional sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) y la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU) de implementarlas antes de trasladar el costo a las familias.
