Asamblea comunitaria aprueba censo popular, INSUS aclara requisitos y se mantiene la presión por el convenio municipal
Por Fernando Elías
Cuautitlán Izcalli, Estado de México – Apenas unas semanas después de la histórica movilización que arrancó compromisos concretos al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Paraje “La Borrega” vuelve a demostrar que la organización de base es el motor real del cambio.
Este sábado, en una asamblea masiva, la comunidad aprobó por unanimidad que el Frente Social Amplio, encabezado por Alfredo Mendoza, coordine el censo y recoja la información actualizada de la lotificación. Al mismo tiempo, se aclararon de manera transparente y definitiva los únicos requisitos que exige el INSUS para iniciar el proceso de regularización, se ratificó el carácter gratuito del trámite y se lanzó una fuerte alerta contra posibles estafadores.
Los trabajos de actualización de lotes ya iniciaron con el levantamiento topográfico profesional, tal como se había acordado tras la movilización en las oficinas del INSUS. Este sábado, las familias reunidas dieron un paso más: confiaron al Frente Social la tarea de realizar el censo casa por casa para integrar la nueva información de la lotificación actual. Esta decisión refleja la madurez organizativa de la comunidad y la confianza depositada en el liderazgo colectivo que ha acompañado la lucha durante décadas.
Durante la asamblea, representantes del Frente explicaron con total claridad los requisitos que el Instituto exige para avanzar en la regularización y titulación de los lotes habitacionales:
– Acreditar la posesión pública, pacífica y continua por al menos seis meses, mediante constancias de posesión o cesión de derechos y recibos de servicios (luz, agua, predial) a nombre del beneficiario.
– Identificación oficial vigente y acta de nacimiento.
– Que el terreno cumpla con criterios de no riesgo (no estar en zona de inundación, deslave, etc.) y uso de suelo habitacional.
El proceso se inicia con la llenado de una solicitud simple. Además, el INSUS cuenta con el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), que ofrece subsidios para cubrir los gastos de regularización, especialmente dirigidos a familias vulnerables, jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad. Se insistió enfáticamente: en ningún caso se requieren documentos ejidales o agrarios adicionales distintos a los ya mencionados. La expropiación previa del predio cambió por completo el régimen de propiedad, y el proceso federal a cargo del INSUS se centra exclusivamente en acreditar la posesión actual y la calidad de beneficiario.
Se ratificó la información de que la regularización y escrituración será únicamente del paraje habitacional. El resto del predio, que aún tiene litigios pendientes, queda fuera de este proceso para no comprometer los avances alcanzados.
El siguiente paso decisivo sigue siendo la firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli y el INSUS. La comunidad está a la espera de que el presidente municipal designe al responsable para concretar este acuerdo, que permitirá aplicar descuentos del 100% en trámites de agua, drenaje y predial, y acelerará la escrituración definitiva.
Alfredo Mendoza, dirigente del Frente Social Amplio, cerró la asamblea con un mensaje claro y contundente: “Que nadie se deje engañar. Este trámite es gratuito. Cualquier persona que pretenda cobrar por gestiones, supuestos ‘contactos’ o trámites que el gobierno federal ya cubre, es un defraudador. Denúncienlo inmediatamente ante la comunidad y ante las autoridades. Nuestra fuerza es la unidad y la información transparente”.
Este avance local se inscribe en la política nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado la regularización del patrimonio familiar como eje central del Programa Vivienda para el Bienestar. En 2025, Sedatu, INSUS, Infonavit y Fovissste superaron la meta de entrega de escrituras (más de 222 mil en el año), rumbo al millón comprometido en el sexenio. La presidenta ha insistido: “La vivienda y la tierra no son mercancía; son derecho y patrimonio de las familias trabajadoras”.
En “La Borrega”, después de más de 30 años de incertidumbre, la combinación de movilización popular, organización comunitaria y respaldo de las políticas federales progresistas está produciendo resultados concretos. El censo aprobado este sábado, el levantamiento topográfico en marcha y la claridad sobre los requisitos marcan un antes y un después.
La lucha no termina: falta el convenio municipal. Pero la comunidad ya sabe que, cuando se organiza y exige, el gobierno federal de la Cuarta Transformación responde. El mensaje de Alfredo Mendoza y del Frente Social Amplio resuena fuerte: unidad, información y denuncia contra cualquier intento de abuso. El patrimonio familiar de cientos de familias de “La Borrega” está más cerca que nunca de ser realidad.
