Triunfos del Frente Social Amplio en Cuautitlán Izcalli: La movilización popular y las políticas de Claudia Sheinbaum conquistan avances históricos en la regularización del Paraje “La Borrega”
Por Fernando Elías
Cuautitlán Izcalli, Estado de México – En un contexto de décadas de abandono institucional y especulación inmobiliaria, el Frente Social Amplio de Cuautitlán Izcalli, dirigido por el activista social Alfredo Mendoza, ha logrado victorias concretas en las últimas semanas que demuestran el poder de la organización popular cuando se alinea con las políticas públicas progresistas del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras una intensa movilización frente a las oficinas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), los habitantes del Paraje conocido como “La Borrega” obtuvieron compromisos institucionales que allanan el camino hacia la certeza jurídica y el acceso pleno a servicios básicos para cientos de familias trabajadoras.
La acción colectiva, realizada en las instalaciones del INSUS, forzó mesas de diálogo que culminaron en acuerdos clave: la actualización inmediata de la lotificación mediante un levantamiento topográfico profesional y la presión directa del Instituto federal sobre la Administración Municipal para que firme un Convenio de Colaboración que permita descuentos del 100% en los trámites de servicios de agua, drenaje y predial. Estos avances no son concesiones graciosas, sino conquistas arrancadas por la presión organizada de los vecinos, que durante más de 30 años han resistido la incertidumbre jurídica derivada de un predio expropiado.
El corazón del conflicto radica en la transformación del régimen de propiedad. El terreno del Paraje “La Borrega” fue expropiado por causa de utilidad pública, lo que, conforme al artículo 93 de la Ley Agraria, permite la expropiación de bienes ejidales y comunales cuando se justifica en interés colectivo. Una vez consumada la expropiación, el predio dejó de formar parte del régimen de propiedad social (ejidal) para convertirse en propiedad privada, cambiando radicalmente el marco legal aplicable. Este tránsito implica que los beneficiarios —muchos de ellos poseedores históricos— ya no dependen de documentos de cesión de derechos del ejidatario original ni de trámites agrarios tradicionales. En su lugar, se abre un proceso de regularización y titulación a cargo del gobierno federal a través del INSUS, que acredita la calidad de beneficiario en el nuevo régimen de dominio.
Como explica la Regla 1/07 del propio INSUS para la regularización de la tenencia de la tierra, el procedimiento se centra en lotes urbanos de origen ejidal o similares, priorizando la acreditación de posesión efectiva y la integración al patrimonio familiar sin intermediarios especuladores.
Los documentos requeridos ya no giran en torno a la relación original con el ejido, sino a la intervención estatal en el proceso de expropiación y al reconocimiento oficial de los ocupantes como beneficiarios.
En estos momentos, los trabajos de actualización de lotes ya iniciaron con el levantamiento topográfico, y la comunidad permanece en espera de que la autoridad municipal designe al responsable para firmar el convenio con el INSUS. Este paso es decisivo para desbloquear los descuentos totales en servicios y avanzar hacia la escrituración definitiva.
Estos logros locales no pueden entenderse sin el marco nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su administración ha colocado la regularización del patrimonio familiar en el centro de la transformación, reconociendo que el acceso digno a la tierra y la vivienda es un derecho humano y no un negocio inmobiliario. El Programa de Vivienda para el Bienestar, anunciado como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, contempla no solo la construcción de 1.8 millones de viviendas en el sexenio —con metas de 400 mil casas anuales en 2025 y 2026—, sino también la regularización masiva de predios y asentamientos irregulares, entrega de apoyos para mejoramiento y certeza jurídica para millones de familias.
Este enfoque contrasta con las políticas neoliberales previas, que fomentaron la especulación y el crecimiento desordenado de asentamientos irregulares. La presidenta ha reiterado que “la vivienda vuelve a ser un derecho, no un privilegio”, y el INSUS se ha convertido en una herramienta clave para materializar esa visión, priorizando a los sectores populares y combatiendo la exclusión urbana heredada.
El caso de “La Borrega” ilustra cómo la movilización social, cuando encuentra eco en un gobierno de izquierda que prioriza “por el bien de todos, primero los pobres”, puede romper inercias burocráticas y avanzar hacia la justicia territorial. El Frente Social Amplio y su líder Alfredo Mendoza han demostrado que la organización de base, combinada con políticas públicas transformadoras, es capaz de conquistar lo que por décadas se negó: certeza jurídica, servicios dignos y patrimonio familiar para las clases trabajadoras.
Mientras las familias del Paraje “La Borrega” ven por fin luz al final del túnel, el mensaje es claro: la lucha colectiva sigue siendo el motor de cambio real en México. Queda pendiente la firma del convenio municipal, pero el precedente está establecido: cuando el pueblo se organiza y el gobierno federal respalda, los derechos se conquistan.
