Los delitos contra la salud. Breve esbozo histórico, su tipificación y punibilidad.
Por Lic. Arturo Vázquez Núñez
“El virus de la droga es el principal problema de salud pública en el mundo de hoy”.
“La droga es una calle de dirección única. No tiene regreso. Jamás se puede volver”.
William S. Burroughs-El almuerzo desnudo.
“Mis secos y quebradizos huesos se sienten aliviados y humedecidos por las tiernas caricias de mi hermosa heroína. La tierra se movió, y aún se mueve”.
Irvine Welsh- Trainspotting.
PROEMIO.
Don Winslow en su libro El cártel (2015) nos dice lo siguiente: “La tan cacareada guerra contra la droga es una puerta giratoria: eliminas a uno y otro pasa a ocupar la cabecera de la mesa. Eso no cambiará mientras el apetito insaciable por la droga siga ahí”, una frase tan cierta como lapidaria. Ahora bien y de acuerdo con un trabajo publicado por CEPAL intitulado “Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina”, se nos menciona que los problemas asociados a la producción, tráfico, y consumo de narcóticos afectan la calidad de vida de la población y están íntimamente relacionados con formas de exclusión social y debilidad institucional, generando inseguridad y violencia, siendo, como lo menciona José Saramago en su relato intitulado La silla, un carcoma que corroe la gobernabilidad de los países. Es por esta razón que el problema de las drogas ha ido adquiriendo presencia progresiva a nivel internacional. Es importante mencionar que, América Latina concentra la producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de todo el globo terráqueo, además de una producción de marihuana que se extiende hacía distintos países y zonas destinadas tanto al consumo interno como a la exportación, sin olvidar que también es uno de los principales productores de amapola para la producción de goma de opio y heroína, y cuyo principal consumidor son los Estados Unidos de América a quienes les llega por la ruta del Pacífico, haciendo derrotero por Centroamérica y por transporte fluvial desde los países productores a través de Brasil.
El narcotráfico es un problema endémico que afecta a la poblacional juvenil de alta vulnerabilidad social y a los hombres más que a las mujeres, no obstante lo anterior, y situándonos en la realidad nacional, los delitos contra la salud son la segunda causa de encarcelamiento de mujeres en el fuero común y la primera en el fuero federal; y de acuerdo con los centros de tratamiento para la prevención y control de las adicciones, el alcohol, el tabaco y la mariguana son las drogas de inicio más frecuentes, sin embargo, son la cocaína, el crack y recientemente el fentanilo las drogas ilícitas de mayor impacto en la salud.
Recientemente, se han elaborado políticas gubernamentales para el control de la oferta y la demanda, haciendo énfasis en la producción y distribución, así como campañas de prevención para erradicar el consumo y un fortalecimiento institucional y jurídico para la cooperación internacional en el control del narcotráfico y el lavado de dinero.
DESARROLLO.
Ahora bien, en el presente ensayo intentaré abordar las consecuencias sociales y jurídicas de la producción y comercio de narcóticos, así como las implicaciones legales del narcomenudeo como delito. De acuerdo con datos de la UNESCO, el narcotráfico, al igual que los grandes sectores de la delincuencia económica organizada ocupa en la actualidad, y desde hace poco tiempo, un puesto importante entre las prioridades de las organizaciones internacionales, sin embargo no existe una información completa y fidedigna del problema, siendo muchísimas veces un tema tabú abordado por medios de comunicación chimiscoleros que están sesgados, aunque también cegados, por intereses políticos y económicos, y la información que difunden los medios oficiales y también los oficiosos, sigue siendo exigua y demasiado timorata en lo que concierne a la información relativa al narcotráfico y sus actividades ilícitas. En todo el mundo existen pocos trabajos circunspectos y exhaustivos sobre el tema además que, como ya lo mencioné, los medios de comunicación no dan la palestra y la plataforma para que estos temas sean tratados a profundidad, y cuando se tienen conocimientos especializados, profundos y nada deleznables, han permanecido ensimismados y los poderes fácticos los utilizan a conveniencia como ariete con fines operativos de represión jurídico-política que solo es benéfico a sus intereses particulares pero que no benefician en nada a la sociedad en general.
Tampoco pretendo ser sosia del pesimismo de Eduard Von Hartmann e ignorar que en algunos lugares se han realizado investigaciones profundas y valiosas, como en Colombia, Bolivia o Perú, que es donde se concentra la mayor producción de hoja de coca y cocaína, siendo ésta una de las razones por la cuales sufren los embates consuetudinarios del narcotráfico, y que no hace distingo social, porque lo mismo afecta a los productores cocaleros que a los traficantes internacionales, haciendo una hecatombe en todos los estratos sociales. Estos países han dado grandes investigaciones que desafortunadamente, y en algunos casos, les han costado la vida a sus realizadores. También existen algunas investigaciones interesantes que han provenido de Tailanda, Myanmar o Pakistán como principales productores de heroína y que al igual que sus homólogos hispanoamericanos han sufrido el venablo cruel del narcotráfico. Sin embargo, en lo que se refiere al continente africano, en específico el África Austral, Nigeria y Marruecos (principal proveedor de cannabis al continente europeo), hasta la fecha no se han realizado trabajos de investigación de peso sobre este flagelo social. Por lo que respecta al continente europeo y en específico a Italia, ha emprendido trabajos de investigación excepcionales las cuales acompaña con un movimiento judicial contra la delincuencia organizada, porque en el resto de Europa, el tema se trata con suma discrecionalidad, incluso en los Países Bajos quienes son la principal plataforma del tráfico de drogas ilegales en Europa y estén a la vanguardia en la experimentación social en materia de toxicomanía.
Retomando las landas del continente americano, Estados Unidos de América también cuenta con investigaciones interesantes en esta materia sobre todo por los recientes acontecimientos del fentanilo y las ciudades zombies que ha ido dejando a su paso, así como de lavado de dinero y delincuencia organizada. No olvidemos también que, en lo que respecta a la bilateralidad México-Estados Unidos de América en temas de narcotráfico es de suma relevancia porque México es el principal distribuidor y territorio nómada por donde circula la droga proveniente de Sudamérica a los Estados Unidos de América, ya que son el principal consumidor del material narcótico que les suministran los cárteles de droga mexicano, y aunque no pretendo ser subversivo, es de suma curiosidad, como siempre se habla de los cárteles de droga mexicanos, sin embargo, nunca se mencionan los cárteles de droga estadounidense que la reciben para su distribución y consumo interno y externo. Enigmas del Tercer Milenio.
Por lo que se refiere a landas mexicanas, es importante mencionar que el Estado Mexicano, en su lucha antidrogas ha pasado por diferentes ramales y derroteros, así como etapas caracterizadas por acciones en el campo jurídico y policiaco conforme a los modelos estadounidenses que se han instituido desde principios del siglo XX, lo que se ha traducido en lustros y décadas de acciones represivas y de adopción, creación, modificación, derogación y abrogación de leyes que han ampliado el espectro de criminalización relacionado con el narcotráfico, pero que en la cotidianeidad, no han disminuido un ápice la producción, el tráfico, la posesión y el surgimiento de nuevos cárteles y grupos de la delincuencia organizada. Eso sin contar con la complacencia de las autoridades encargadas de su erradicación quienes les han prestado su manto protector legal, político y económico para darles cobijo a cambio de sustanciales ganancias pecuniarias, y sírvame de ejemplo, lejano por supuesto, para no herir susceptibilidades de contemporáneos, el caso del coronel Ernesto Cantú quien fuera el otrora gobernador del estado de Baja California y quien cobraba una cierta cantidad por permitir el tráfico de opio además de otra suma mensual, y cuyo modus operandi consistía en el decomiso de la droga a quienes no se atenían a sus condicionantes y luego la distribuía con ayuda de su cuñado y los hermanos de éste y cuyas ganancias le servían para el pago de sueldos a sus tropas, la compra de armas y sufragar los gastos personales y de su gobierno. Con esta anécdota podemos afirmar, sin temor al equívoco que surgió el tráfico de drogas ilícitas en México como una actividad económica posteriormente criminalizada pero subordinada al poder político en turno lo cual determinó su desarrollo y la impunidad con la que se manejan tanto los protectores como los productores, así como las características de violencia generada en este tipo penal y cuya primera etapa primero se desarrolló en los estados norteños del territorio nacional producto de la prohibición de los años veintes (mariguana en 1920 y adormidera en 1926), donde la violencia era muy baja porque los conflictos de intereses provenían principalmente de divergencias entre la misma clase política dirigente.
La segunda etapa se da a partir de 1947 cuando el Departamento de Salubridad deja de estar a cargo de la política antidrogas del país y se le otorgan facultades a la Procuraduría General de la República para llevar a cabo estas tareas, así como la intervención la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, y con su creación se instituyó una mediación estructural entre la clase política gobernante y los traficantes de drogas, y que por un lado aseguraba el cobro de parte de las ganancias a cambio de protección y por el otro servía de mecanismo de contención de la violencia y de las eventuales tentaciones políticas de los narcotraficantes, siendo en esta etapa donde los niveles de violencia se mantuvieron en un margen socialmente tolerable porque solo alcanzaba a grupos antagónicos y ocurría en espacios claramente definidos.
La tercera etapa llega durante las décadas de los sesenta y setenta con el éxito de la mariguana entre los consumidores estadounidenses quienes crearon una demanda creciente y permanente, y durante la década de los ochenta con el auge de la cocaína, lo cual, modificó las estructuras del mercado internacional de la drogas y la correlación de fuerzas por lo que el gobierno de los Estados Unidos decidió que era urgente declararle una guerra frontal contra el tráfico de drogas intensificando su política prohibicionista, siendo muy enfático en la criminalización de los países productores y de tránsito de estupefacientes entre los cuales se encuentra principalmente México, por lo que las presiones políticas hacia estos países se han agudizado llevándolos a una colaboración más estrecha con los Estados Unidos en materia de lucha antidrogas, con la utilización, para bien y muchas veces para mal de las fuerzas armadas con las consecuencias funestas que todos conocemos. Además, no puedo ser omiso en mencionar que es a partir de la utilización de esta estrategia diplomática, policiaca y militar de los Estados Unidos, que México se subordina a una dependencia total con su vecino del norte. Es también durante este período que surge la “Operación Cóndor” en los principales estados productores de plantas ilícitas del noreste mexicano (Sinaloa, Chihuahua y Durango), lo que trajo consigo una escalada en la violencia no solo contra los cárteles de la droga sino también contra el campesinado quienes fueron torturados, desaparecidos, encarcelados y desplazados, así como el desplazamiento de la matriz de negocios que se trasladó al estado de Jalisco lo que provocó una subdivisión de cárteles tanto o más poderosos, por lo que, no se perjudicó a los grandes capos sino únicamente se les beneficio con la reubicación porque llegaron a un centro industrial, comercial y financiero muchos más importante que su lugar de origen lo cual les permitió a futuro tener una plataforma para la internacionalización del negocio del narcotráfico.
Es aquí cuando los narcotraficantes incrementaron el uso de la violencia principalmente en Sinaloa y Jalisco, pero sin atacar todavía a los altos niveles de la policía, el ejército y la política, por lo que hasta ese momento, los capos de la droga no estaban interesados en una destrucción del Estado mexicano, porque la principal preocupación para ellos en ese momento era la crisis de los mecanismos de mediación y control de instituciones a las que se les habían otorgado poderes extraordinarios al margen de la legalidad para la contención de grupos políticos opositores y grupos criminales a cambio de una libertad discrecional para aprovecharse de los negocios turbios. Es interesante mencionar que esta tercera etapa dura hasta nuestros días y que el asunto del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena fue el detonante para las detenciones y asesinatos de comandantes y mandos policiacos hasta convertirse en parte de la cotidianeidad de los grupos criminales del narcotráfico.
Ahora bien, es en la década de los años noventa donde comenzamos a ver un incremento en los niveles de violencia relacionadas con el narcotráfico, principalmente en los estados donde la oposición política se convirtió en gobierno y lo cuales coincidentemente eran los principales productores de plantas ilícitas, del tráfico y tránsito de drogas, del lavado de dinero y de los mercados potenciales para el consumo. El desmantelamiento y debilitamiento de corporaciones policiacas que habían servido de mediadores entre el gobierno federal y estatal con los capos de la droga, habían disminuido, pero no anulado la capacidad de influencia del gobierno federal para contener el uso de la violencia en los estados gobernados por la oposición. El incremento de la violencia fue capital político por el otrora partido de Estado el PRI para denunciar la incapacidad de la oposición para gobernar en lugar de atender el problema de fondo del narcotráfico, siendo por esta razón que los traficantes de drogas tuvieron mayor libertad de acción a nivel local porque un gobernador de la oposición al partido gobernante no tenía el apoyo del gobierno federal que uno perteneciente al partido en el poder.
En el año de 2006 es cuando la violencia se recrudece con el inicio de la llamada Guerra contra el narcotráfico que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa contra los grupos criminales del país y cuyo preámbulo fue Tierra caliente Michoacán que era azotada por el cártel de la Familia Michoana y donde se inicia la costumbre entre los integrantes de los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico en decapitar a los integrantes de bandas rivales con quienes se disputaban el territorio. Para enero de 2007, el operativo ya se había ampliado a Baja California y Chihuahua, y que se fue extendiendo por todo el país a lo largo de su sexenio.
El 10 de enero de 2018, Estados Unidos colocó a los estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Quintana Roo en alerta máxima por su alto nivel de inseguridad y violencia, tanto que el en ese momento presidente Donald Trump calificó a todo México como el país más peligroso y más recientemente, es ese mismo presidente, pero ahora en su segundo mandato quien está considerando a los cárteles de la droga mexicana como grupos terroristas lo cual traerá implicaciones políticas y económicas más devastadoras.
CONCLUSIONES.
Los delitos contra la salud no afectan solamente al bien jurídico tutelado que es la salud, sino que su nepente se inficiona también en el tejido social y en las instituciones tanto de la iniciativa privada como gubernamentales, deviniendo en actos de extrema violencia, pero también en la afectación psicoemocional del consumidor, y su entorno familiar los cuales también se ven afectados; ya que modifican el comportamiento del adicto, lo que los puede llevar a situación de calle o a la comisión de ilícitos tan variados como lo son; robo simple, robo con violencia, secuestro, homicidio, feminicidio, delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, etcétera, etcétera.
Asimismo, como ya lo mencioné líneas más arriba, el adicto corre el riesgo de escalada el cual consiste en que de una droga en fase experimental (alcohol o tabaco) lo lleve a la cannabis y ulteriormente a drogas mucho más potentes y adictivas como el caso del fentanilo.
Como lo dije anteriormente, los delitos contra la salud, no solo afectan al adicto en lo particular, sino que su mordiente se extiende al núcleo familiar en lo general, donde comienzan a presentarse situaciones de violencia intrafamiliar o la presencia del tipo penal de abandono de personas en perjuicio de menores de edad, personas de la tercera edad o del cónyuge, además, los menores de edad expuestos a ese tipo de comportamientos corren el riesgo de repetir patrones de conducta.
Otro de las consecuencias sociales que podemos encontrar en el tipo penal de delitos contra la salud es la deserción escolar, el cual no se ha podido erradicar porque por un lado sigue siendo tema tabú en las aulas escolares y por otro lado no existen políticas públicas lo suficientemente eficaces para su prevención.
Así también es un tema delicado a nivel nacional por los actos violentos que conlleva y que le han costado la vida no solo a los integrantes de los grupos delictivos, sino a la población en general sin distinción de edad o género, trayendo con ello más de 150,000 muertos y 28,000 desaparecidos, los cuales según cifras oficiales pertenecen a los integrantes de los cárteles de la droga y de las fuerzas armadas, sin llegar todavía a contabilizar la cifra de víctimas civiles por los daños colaterales.
Otra de las consecuencias sociales es la guerra hacia los cárteles de la droga lo que ha traído aparejado consecuencias negativas en la parte económica, y que se ha traducido en una reducción del turismo lo cual trae consecuencias de gran envergadura para la población mexicana que tiene en esa actividad su modus vivendi.
La guerra al narcotráfico es a todas luces un fracaso rotundo en temas de seguridad nacional porque hasta la fecha la droga sigue llegando a los Estados Unidos que es el gran consumidor, quienes nos “agradecen” válgame la sorna, retribuyendo a los cárteles mexicanos con armas ilegales que siguen la escalada de muerte que hemos presenciado desde el año 2006 hasta la fecha, porque no debemos olvidar el operativo Rápido y Furioso.
El narcotráfico que nació al amparo del poder político y que se reforzó con el surgimiento del poder posrevolucionario, sigue causando estragos, tanto a nivel económico como social. Esa relación histórica se ha ido acelerando y consolidando en los últimos años, porque, si bien es cierto, en algún momento alcanzaron una mayor autonomía desde la debacle del partido hegemónico en el poder, y la alternancia en el poder por la oposición, actualmente estarían creando una nueva simbiosis con el actual partido dominante la cual transitaría entre la legalidad y la ilegalidad porque se enfrentan a una nueva monopolización de sus actividades delictivas ante el creciente poder y predominio del ejecutivo federal, el dominio de un nuevo partido de Estado y la subordinación en ciernes de los poderes legislativo y judicial, lo cual nos estaría regresando a un círculo vicioso sin fin.
Otra de las consecuencias sociales es que lejos de verse disminuida la producción y el comercio de narcóticos con la intervención de las fuerzas armadas, este se ha incrementado junto con los niveles de corrupción que impera en ellas, siendo en muchos casos el espacio de articulación de intereses relacionados con el tráfico de estupefacientes, porque ya hemos visto el desplazamiento que hubo de las estructuras del poder político del partido hegemónico hacia las gavetas y escritorios de las fuerzas armadas y otros aparatos de seguridad, quienes solícitos al efluvio pestífero del dinero producto del narcotráfico se han rendido.
Ahora bien, por lo que se refiere a las consecuencias jurídicas del tipo penal que nos ocupa, la producción y comercio de narcóticos están tipificados por el Código Penal Federal en sus numerales 193, donde se prohíbe; la siembra, cultivo, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes. En la fracción I del numeral 194 del citado código se nos establece la punición que se impondrá a quien incurra en el tipo penal que nos ocupa, la cual es prisión de 10 a 25 años y una multa de 100 hasta 500 días, y podrán ser investigados, perseguidos y en su caso sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud cuando se colmen los supuestos de su numeral 474, y también en específico en sus artículos 237, 245 fracciones I, II y III y 248. Asimismo, debemos considerar, para las consecuencias jurídicas del tipo penal que nos ocupa el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El narcomenudeo se encuentra tipificado en el artículo 475 de la Ley General de Salud, imponiendo una punición de 4 a 8 años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa, cuando el sujeto activo del tipo penal, sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, los narcóticos previstos en la tabla que hace mención al artículo 479 de la Ley General de Salud en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla. Es importante resaltar que la pena se agrava cuando el sujeto pasivo del ilícito es menor de edad o incapacitado para comprender el acto o para resistir al agente, o que fuese utilizada para la comisión del delito, y las penas serán aumentadas en una mitad cuando:
I, se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas, a quienes adicionalmente se les impondrá destitución e inhabilitación por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta,
II) se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión o dentro del espacio comprendido en un radio de trescientos metros de los límites de colindancia del mismo con quienes a ellos acudan y
III) la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para la comisión del delito, por lo que además se les impondrá suspensión o inhabilitación por cinco años, y en caso de reincidencia, la suspensión definitiva.
FUENTES DE CONSULTA.
– Astorga, Luis.- Límites de la política antidrogas en México. UNESCO. Año 2000. Documento en internet.
– Código Penal Federal. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
– Gallardo, Gabriela.- México: Narcotráfico y sus consecuencias. Latin American Post. Enero 2018. Documento en internet.
– Ley Federal de Salud. Cámara de Diputados. LXVI Legislatura.
– Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Cámara de Diputados. LXVI Legislatura.
– Saramago, José.- Casi un objeto. Editorial Alfaguara, séptima reimpresión, México enero 2003
– Winslow, Don.- El cártel.- Editorial RBA, primera edición año 2015, España.
*Arturo Vázquez Núñez. Discente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional.
Ensayo de mi autoría. Sección: jurídica.
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