Del régimen de hegemonía priista a la disputa entre el bloque conservador y la Cuarta Transformación
Por Fernando Elías
Resumen
La historia política contemporánea de México puede leerse como una prolongada disputa por la relación entre el Estado, las élites económicas, los partidos políticos y las mayorías sociales. Durante buena parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) construyó un régimen de partido hegemónico que combinó mecanismos electorales, corporativismo, presidencialismo, control territorial y una compleja red de intereses económicos. La alternancia presidencial de 2000 puso fin al dominio formal del PRI en la Presidencia, pero no produjo una ruptura equivalente con las estructuras económicas, administrativas y políticas que habían caracterizado al viejo régimen.
El Partido Acción Nacional (PAN), al llegar a la Presidencia con Vicente Fox, representó una alternancia histórica, pero no necesariamente una transformación estructural del régimen. Diversos estudios sobre la transición mexicana han señalado precisamente la continuidad de funcionarios, prácticas, pactos y relaciones de poder después de 2000. [1][2] La alternancia electoral, en este sentido, no debe confundirse automáticamente con democratización social, redistribución económica o transformación del Estado.
El surgimiento de Morena modificó sustancialmente este equilibrio. Su llegada al gobierno federal en 2018 y su consolidación electoral posterior expresaron un realineamiento de amplios sectores populares y una ruptura con el sistema partidista que había dominado la política mexicana durante las décadas anteriores. La elección presidencial de 2024 confirmó esta transformación: Claudia Sheinbaum obtuvo 59.75% de la votación, frente a 27.45% de Xóchitl Gálvez y 10.32% de Jorge Álvarez Máynez. [3]
En el presente artículo sostenemos que la diferencia fundamental entre PRI, PAN y Morena no puede reducirse a sus discursos electorales. Es necesario estudiar a quiénes representan, cómo seleccionan candidatos, qué grupos sociales tienen capacidad de influencia sobre sus decisiones, qué modelo económico defienden y qué relación establecen entre Estado, mercado y sociedad.
Nuestra hipótesis central es que PRI y PAN fueron componentes distintos de un mismo orden político-económico de larga duración, mientras que Morena representa un intento —todavía contradictorio e incompleto— de modificar las prioridades distributivas y la relación entre gobierno y mayorías populares. Sin embargo, Morena enfrenta una tensión decisiva: transformar realmente el Estado sin reproducir en sus estructuras locales las prácticas clientelares, patrimoniales y oligárquicas que históricamente caracterizaron a la política mexicana.
Introducción: la pregunta fundamental no es quién gana, sino a quién sirve el poder
Una democracia no puede evaluarse exclusivamente por la existencia de elecciones competitivas. Las elecciones son indispensables, pero no suficientes. Una democracia sustantiva también requiere que los ciudadanos puedan disputar efectivamente las decisiones públicas, que los partidos respondan a sus bases sociales, que el Estado no sea capturado por intereses particulares y que los recursos públicos se distribuyan con criterios de justicia social.
Por ello, una pregunta políticamente más profunda que «¿qué partido va a ganar?» es:
¿A quién responde cada partido cuando llega al gobierno?
Esta pregunta obliga a observar más allá de los discursos electorales. Un partido puede proclamarse defensor de los trabajadores y gobernar favoreciendo a las grandes empresas. Puede presentarse como defensor de la libertad y tolerar estructuras oligárquicas internas. Puede reivindicar la democracia y seleccionar candidaturas mediante acuerdos de cúpula. También puede hablar en nombre del pueblo y terminar reproduciendo prácticas clientelares o patrimoniales.
La política partidista mexicana ha estado marcada históricamente por esa contradicción.
Durante décadas, el PRI gobernó mediante una extraordinaria capacidad de incorporación y control de sectores sociales. Sindicatos, organizaciones campesinas, burocracia, gobernadores, empresarios y organizaciones populares fueron integrados en un sistema de negociación política alrededor del Estado. El resultado fue un régimen capaz de producir estabilidad, pero a costa de una profunda concentración del poder.
La democratización modificó progresivamente ese sistema. Las reformas electorales, la creciente competitividad, la pérdida de mayorías legislativas del PRI y finalmente la alternancia presidencial de 2000 transformaron el sistema de partidos. La literatura académica ha documentado ampliamente ese tránsito. [1][2][4]
Pero una pregunta permaneció abierta:
¿La alternancia de partidos significó realmente la transformación del régimen de poder?
La respuesta más rigurosa es: sólo parcialmente.
México cambió electoralmente mucho más rápido de lo que cambió económica, institucional y socialmente.
Partidos, élites y captura del Estado
El análisis de los partidos políticos puede enriquecerse mediante tres tradiciones teóricas.
La primera es la teoría de las élites. Desde Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto hasta autores contemporáneos, esta tradición parte de una constatación incómoda: toda sociedad compleja desarrolla minorías organizadas con capacidades de decisión superiores a las de la mayoría.
Robert Michels formuló una de las tesis más influyentes al estudiar la «ley de hierro de la oligarquía»: incluso organizaciones nacidas con aspiraciones democráticas pueden desarrollar estructuras dirigentes que concentran información, recursos y capacidad de decisión.
La segunda tradición es la teoría de la hegemonía. Antonio Gramsci permitió comprender que el poder no se mantiene solamente mediante coerción. También requiere construir consensos, valores, discursos y representaciones sociales que hagan parecer natural un determinado orden.
La tercera tradición corresponde al estudio contemporáneo de la captura del Estado. Desde esta perspectiva, el problema no consiste únicamente en la corrupción individual de un funcionario, sino en estructuras mediante las cuales grupos económicos, criminales, burocráticos o partidistas consiguen orientar decisiones públicas en beneficio particular.
Estas tres perspectivas permiten formular una pregunta central para México:
¿Los partidos funcionan como instrumentos de representación social o como vehículos de reproducción de élites políticas?
La respuesta no es idéntica para todos los partidos ni permanece estática en el tiempo. Un partido puede tener una base social popular y, simultáneamente, desarrollar élites internas. Puede haber sido reformista en una época y conservador posteriormente.
Por ello, la comparación entre PRI, PAN y Morena debe hacerse históricamente.
El PRI: de partido hegemónico a partido en crisis
El PRI no fue simplemente «un partido más» durante el siglo XX.
Fue el centro de un régimen político.
La literatura académica identifica al sistema mexicano anterior a 2000 como un régimen de partido hegemónico: existían elecciones y partidos opositores, pero el PRI disponía de ventajas estructurales extraordinarias. El sistema combinaba presidencialismo, control territorial, organizaciones corporativas, acceso privilegiado a recursos públicos y una relación estrecha entre partido y Estado. [1][5]
Desde 1929, primero bajo el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente como Partido de la Revolución Mexicana y finalmente como PRI, la organización gobernó ininterrumpidamente la Presidencia durante 71 años.
El dato es políticamente extraordinario.
La alternancia de 2000 significó, por tanto, mucho más que una derrota electoral: significó la ruptura del monopolio presidencial del partido que había organizado el sistema político mexicano durante siete décadas.
Pero también sería un error reducir toda la historia del PRI a corrupción, autoritarismo o saqueo.
El priismo construyó instituciones, políticas sociales, infraestructura y mecanismos de integración nacional. Su capacidad histórica residió precisamente en combinar modernización estatal, nacionalismo económico, incorporación popular y control político.
Su contradicción fundamental fue que aquello que permitió construir Estado también permitió construir una maquinaria política extraordinariamente concentrada que fue excluyendo a la representación popular.
El PRI podía representar simultáneamente a trabajadores, campesinos, clases medias, empresarios y burocracias porque el Estado funcionaba como árbitro y distribuidor central de recursos.
El problema surgía cuando la representación dejaba de ser un mecanismo de redistribución y se convertía en mecanismo de subordinación.
La descomposición del viejo priismo
La crisis contemporánea del PRI debe entenderse como el resultado de una larga erosión de sus bases sociales.
El partido perdió buena parte de su capacidad para presentarse como vehículo de movilidad social y representación popular. La transformación económica iniciada durante las décadas de 1980 y 1990, el debilitamiento del Estado desarrollista, las privatizaciones y el crecimiento de nuevas élites económicas modificaron profundamente el viejo pacto social priista.
Al mismo tiempo, el PRI dejó de ser indispensable para acceder al poder.
El PAN demostró que podía gobernar.
Morena demostró posteriormente que podía construir una mayoría electoral nacional.
El PRI perdió entonces su principal ventaja histórica: ser el partido inevitable.
La dirección encabezada actualmente por Alejandro Moreno expresa una etapa particularmente conflictiva de esta crisis. Su liderazgo ha estado acompañado por fuertes disputas internas, acusaciones y cuestionamientos sobre la concentración del poder partidario.
Pero sería insuficiente explicar la decadencia priista únicamente por la personalidad de su dirigente.
Alejandro Moreno es más síntoma que causa, es la expresión más acabada de la descomposición que vive la institución política.
La crisis del PRI es estructural.
Un partido que durante décadas tuvo acceso privilegiado al Estado enfrenta una dificultad existencial cuando pierde ese Estado: ¿qué identidad puede ofrecer?
La respuesta no ha sido sencilla.
Su discurso actual combina defensa institucional, oposición a Morena, nacionalismo y apelaciones a una tradición histórica que cada vez resulta menos convincente para generaciones que no vivieron el antiguo régimen.
El PRI se encuentra así atrapado entre su memoria histórica y su reducido espacio electoral contemporáneo.
Los datos electorales de 2024 ilustraron esta pérdida de centralidad. En la elección de diputaciones federales, el PRI obtuvo 11.57% de los votos y el PAN 17.56%, mientras Morena alcanzó una posición dominante dentro de la coalición oficialista. [6]
El problema del PRI no es solamente electoral.
Es de legitimidad histórica.
El PAN: la alternancia sin ruptura estructural
El PAN nació como una organización de oposición al presidente Cárdenas y durante décadas representó una alternativa al presidencialismo dominante.
Su llegada a la Presidencia en 2000 fue, sin duda, un acontecimiento democrático de enorme importancia.
Sería intelectualmente incorrecto negar ese hecho.
La derrota del PRI demostró que el poder presidencial podía cambiar de manos mediante elecciones. La alternancia fue real y tuvo consecuencias importantes.
Pero alternancia no equivale automáticamente a transformación.
Diversos estudios sobre la transición mexicana han señalado que después de 2000 permanecieron importantes estructuras, funcionarios, prácticas y relaciones del régimen anterior. [2][7]
El nuevo gobierno decidió negociar con un Estado construido durante décadas por el PRI.
Y también decidió negociar con gobernadores, sindicatos, empresarios, medios de comunicación, burocracias y grupos económicos.
El resultado fue una especie de paradoja:
México cambió de partido en la Presidencia sin desmontar el sistema de relaciones de poder que rodeaba al Estado.
Esto permite reinterpretar el gobierno de Vicente Fox.
La crítica honesta no nos permite afirmar simplemente que «Fox fue igual que el PRI», porque históricamente eso sería demasiado simplista.
La afirmación más sólida es otra: el gobierno panista no produjo la ruptura estructural con el viejo régimen que una parte importante de la sociedad esperaba de la alternancia y con ello se traicionó la voluntad popular depositada en Acción Nacional.
La transición electoral fue mucho más profunda que la transformación socioeconómica.
El poder económico y la política panista
El PAN ha tenido históricamente una relación particularmente estrecha con sectores empresariales y con una concepción liberal-conservadora de la economía.
Eso no significa que todos sus militantes pertenezcan a las élites económicas ni que toda política panista sea idéntica.
Significa que existe una afinidad ideológica histórica entre buena parte de su dirigencia y una visión donde la iniciativa privada, la propiedad privada y el mercado ocupan un lugar central.
Pero entonces:
¿Dónde queda la desigualdad estructural dentro de ese modelo?
Si el mercado es presentado como mecanismo principal de asignación de recursos, el Estado tiende a desempeñar una función más limitada de redistribución.
El problema es especialmente relevante en México, donde la desigualdad económica se combina con desigualdades territoriales, educativas, patrimoniales y de acceso a servicios.
Por eso el debate entre PAN y Morena no se reduce a «derecha contra izquierda» en términos abstractos.
Se trata también y fundamentalmente de dos concepciones distintas sobre el papel del Estado:
una visión que concede mayor centralidad al mercado y a la iniciativa privada;
otra que reivindica un Estado activo como instrumento de redistribución y desarrollo social.
El caso del «cártel inmobiliario»: de la denuncia política al análisis institucional
Uno de los ejemplos más relevantes para analizar la relación entre política y negocios en el ámbito local es el llamado «cártel inmobiliario» de la Ciudad de México.
Aquí debe hacerse una distinción metodológica.
Por supuesto que no se atribuye colectivamente a todo el PAN la responsabilidad penal por los delitos cometidos por determinadas personas.
Pero sí es políticamente legítimo estudiar las redes de funcionarios, empresarios, permisos, desarrollos inmobiliarios y estructuras partidistas que han sido objeto de investigaciones y procesos judiciales.
Jorge Romero, actual dirigente nacional del PAN, construyó buena parte de su trayectoria política en Benito Juárez. Las acusaciones relacionadas con el llamado «cártel inmobiliario» se convirtieron en uno de los principales puntos de cuestionamiento público hacia su grupo político y dentro del propio PAN.
Por eso la cuestión de fondo es más importante que la acusación individual:
¿Cómo se relacionan los partidos con las élites económicas locales cuando gobiernan territorios con gran valor inmobiliario?
Esa pregunta debería aplicarse no solamente al PAN.
También al PRI.
También a Morena.
También a cualquier fuerza política que administre gobiernos locales.
Porque el riesgo es el mismo: convertir el gobierno municipal en una plataforma para generar rentas privadas mediante decisiones administrativas aparentemente legales pero orientadas por intereses particulares.
El caso Ruffo y el huachicol fiscal: precisión frente a propaganda
En el caso del «huachicol fiscal» asociado al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel resulta imprescindible aplicar una regla básica de investigación académica: una acusación no equivale a una sentencia.
Por eso solo haremos mención y uso de lo que ha ocurrido hasta ahora. En septiembre de 2026, investigaciones de la Fiscalía mexicana han acusado a Ruffo de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos. Según una investigación periodística publicada el 14 de septiembre de 2026, la Fiscalía sostiene que una red vinculada a Ruffo introdujo ilegalmente millones de litros de combustible a México y que se habrían evadido impuestos por cientos de millones de pesos. Ruffo ha negado las acusaciones. [8]
El caso es políticamente relevante porque demuestra que el fenómeno del huachicol fiscal no puede reducirse al robo tradicional de combustible.
Se trata de un problema de:
comercio exterior;
aduanas;
corrupción;
empresas fachada;
facturación;
evasión fiscal;
redes empresariales;
funcionarios públicos;
crimen organizado.
Y precisamente por eso constituye un ejemplo de captura institucional.
No sería metodológicamente serio utilizar el caso para afirmar que «el PAN es el partido del huachicol fiscal».
Pero si es legítimo preguntar:
¿Qué mecanismos partidistas e institucionales permiten que redes político-empresariales sobrevivan independientemente de quién gobierne?
Ésa es la pregunta verdaderamente importante.
PRI y PAN: dos partidos, una continuidad histórica
La tesis de que PRI y PAN son exactamente lo mismo también sería demasiado simplista.
No lo son.
Tienen historias, bases sociales, tradiciones ideológicas y proyectos políticos diferentes.
Sin embargo, sí puede identificarse una convergencia histórica.
Durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI, ambos partidos participaron en la construcción y administración de un modelo político-económico caracterizado por:
- mayor protagonismo del mercado;
- apertura económica;
- fortalecimiento de sectores empresariales;
- privatización o liberalización de determinadas áreas;
- reducción relativa del papel del Estado productor;
- concentración de riqueza;
- fortalecimiento de élites económicas;
- negociación política entre cúpulas.
Esto no significa que todas las políticas hayan sido idénticas.
Significa que compartieron, en diferentes grados, un horizonte de política económica.
De ahí que la alternancia PRI-PAN no necesariamente implicara una alternancia completa de modelo.
El elector podía cambiar de partido y, sin embargo, encontrar continuidades profundas en la estructura económica.
La transición de 2000: democracia electoral sin revolución social
El año 2000 representa una de las grandes paradojas de la política mexicana.
Fue una auténtica ruptura electoral.
Pero fue una ruptura limitada.
La literatura especializada ha señalado que el tránsito democrático mexicano estuvo marcado por reformas electorales acumulativas desde 1977 y por hitos fundamentales como 1997 y 2000. [1][4][5]
En 1997 el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.
En 2000 perdió la Presidencia.
En términos electorales, el viejo régimen había sido derrotado.
Pero las estructuras sociales y económicas que habían acompañado al régimen no desaparecieron.
La transición, por tanto, puede describirse como una democratización electoral incompleta.
El voto comenzó a contar mucho más.
Pero el poder económico siguió estando extraordinariamente concentrado.
Los poderes fácticos conservaron capacidad de influencia.
Los gobernadores adquirieron una autonomía considerable.
Las organizaciones criminales ampliaron su capacidad territorial.
Y las élites partidistas mantuvieron mecanismos de selección y reproducción interna.
La democratización mexicana modificó las reglas de acceso al gobierno más rápido de lo que modificó las relaciones sociales que determinaban quién tenía capacidad efectiva de influir sobre el Estado.
De los poderes fácticos al poder fragmentado
La transformación posterior a 2000 produjo un fenómeno inesperado.
El presidencialismo priista se debilitó, pero no necesariamente desapareció el poder concentrado.
En algunos ámbitos, simplemente se fragmentó.
Los gobernadores se convirtieron en actores con enorme autonomía.
Los grandes empresarios mantuvieron influencia.
Los medios de comunicación conservaron capacidad para construir agendas.
Las organizaciones criminales ampliaron su presencia territorial.
Las burocracias desarrollaron intereses propios.
Los partidos nacionales comenzaron a depender más de negociaciones con estructuras locales.
En otras palabras: el viejo Estado vertical no desapareció; se convirtió parcialmente en un sistema de poderes fragmentados.
La literatura sobre la transición mexicana ha destacado precisamente la continuidad de pactos con poderes fácticos y de estructuras heredadas después de la alternancia. [9]
Este punto resulta fundamental para comprender el posterior ascenso de Morena.
Morena: ruptura y continuidad
Morena nació como una fuerza política que se presentó como alternativa al régimen de partidos dominante.
Su discurso se construyó alrededor de conceptos como:
transformación;
soberanía;
justicia social;
combate a la corrupción;
austeridad;
recuperación del papel del Estado;
reducción de privilegios;
prioridad a los sectores históricamente marginados.
Sus documentos oficiales se definen explícitamente como un partido-movimiento de izquierda inspirado en el llamado «humanismo mexicano». Su declaración de principios afirma que busca un México justo, democrático, igualitario e incluyente y coloca al pueblo organizado como protagonista del ejercicio del poder público. [10]
Su programa también plantea que gobernar debe significar servir y no servirse del poder. [11]
Esto representa una diferencia importante respecto del discurso tradicional del PRI y del PAN.
Pero un análisis serio no puede detenerse en los documentos partidarios.
Por eso nos preguntamos:
¿Qué ocurre cuando un movimiento originalmente construido desde la oposición se convierte en el partido dominante del Estado?
Ésa es la gran pregunta histórica de Morena.
El realineamiento electoral de 2018 y 2024
La victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 produjo un realineamiento histórico.
Morena dejó de ser una fuerza opositora para convertirse en el eje del gobierno federal.
En 2024 el fenómeno se consolidó.
Claudia Sheinbaum obtuvo 59.75% de los votos presidenciales, una cifra extraordinariamente elevada dentro del contexto de la democracia mexicana contemporánea. [3]
El resultado no puede explicarse únicamente por una estructura partidista.
Expresa un fenómeno social más profundo.
Millones de ciudadanos identificaron en Morena una fuerza capaz de representar demandas relacionadas con:
programas sociales;
aumento del salario mínimo;
pensiones;
becas;
infraestructura;
recuperación del papel del Estado;
soberanía energética;
rechazo a las élites tradicionales;
combate discursivo contra la corrupción;
inclusión política de sectores anteriormente subordinados.
Pero el voto por Morena no es homogéneo.
Incluye trabajadores, sectores populares urbanos, campesinos, clases medias, jóvenes, empleados públicos, empresarios beneficiados por inversión pública y sectores regionales con intereses diversos.
Morena es, por tanto, una coalición social amplia.
Y toda coalición amplia contiene contradicciones.
El principal dilema de Morena: transformación desde arriba y reproducción desde abajo
Aquí aparece la principal contradicción interna del proyecto.
Morena plantea una transformación del Estado.
Pero muchos gobiernos municipales y estatales continúan funcionando dentro de las mismas culturas administrativas que heredaron del régimen anterior.
Esto genera una paradoja: ¿puede existir un gobierno federal con orientación redistributiva mientras subsisten estructuras locales clientelares, patrimoniales o burocráticas?
El problema no es exclusivo de Morena.
Es un problema histórico del federalismo mexicano.
Los partidos nacionales cambian.
Las culturas políticas municipales cambian mucho más lentamente.
Una administración local puede adoptar el discurso de la Cuarta Transformación y, simultáneamente, reproducir:
nepotismo;
favoritismo;
contratación discrecional;
uso partidista de recursos;
clientelismo;
control político de organizaciones;
concentración de decisiones.
Si Morena pretende consolidarse como proyecto histórico y no solamente como maquinaria electoral, deberá resolver esta contradicción.
El problema de las candidaturas
Y aquí llegamos al núcleo de nuestro análisis.
¿Quién decide quién puede ser candidato?
En teoría, los partidos deberían funcionar como mecanismos de representación.
En la práctica, la selección de candidatos suele estar condicionada por:
dirigencias nacionales;
dirigencias estatales;
grupos internos;
gobernadores;
alcaldes;
sindicatos;
empresarios;
organizaciones territoriales;
encuestas;
operadores políticos;
alianzas electorales;
capacidad financiera;
reconocimiento público.
La candidatura es, por tanto, una forma de distribución anticipada del poder.
Quien controla las candidaturas controla parcialmente el futuro gobierno.
Por eso el problema de la democracia interna es tan importante.
Un partido puede tener millones de simpatizantes y, sin embargo, concentrar la decisión sobre candidaturas en unas pocas personas.
Esto afecta a los tres partidos estudiados.
El PRI históricamente desarrolló mecanismos verticales de selección.
El PAN construyó estructuras internas más competitivas entre su limitada militancia, pero también ha enfrentado conflictos entre grupos y liderazgos.
Morena nació con una cultura más participativa y movimentista, pero su crecimiento acelerado generó una intensa competencia por candidaturas y cargos públicos.
La contradicción es inevitable: un partido que gana mucho poder atrae a personas interesadas en el poder.
Éste es uno de los mayores riesgos para Morena.
De movimiento social a partido de Estado
Pareciera que existe una ley política no escrita: cuando un movimiento opositor conquista el Estado, el Estado comienza a transformar al movimiento.
Morena nació desde una lógica de movilización social y oposición.
Ahora administra:
Presidencia;
Congreso;
gobiernos estatales;
municipios;
presupuestos;
burocracias;
empresas públicas;
programas sociales.
Eso transforma los incentivos.
La militancia deja de competir solamente por una causa.
Comienza a competir por cargos.
Y los cargos producen recursos, influencia, prestigio y redes.
El riesgo es que aparezca una nueva élite política morenista que no responda al interés del pueblo.
La izquierda debe reconocer esta posibilidad en lugar de negarla.
La defensa de Morena como instrumento de transformación no exige negar sus contradicciones.
Al contrario: una izquierda democrática debe ser más crítica con el poder cuando el poder está en manos de su propio proyecto.
La dimensión social: ¿qué cambió realmente?
La legitimidad del proyecto de transformación depende, en última instancia, de sus resultados materiales.
El argumento central del proyecto morenista consiste en que el Estado debe priorizar a los sectores históricamente desfavorecidos.
Eso implica evaluar variables concretas:
pobreza;
salario;
empleo;
desigualdad;
pensiones;
educación;
salud;
infraestructura;
acceso a vivienda;
inversión pública.
No basta con afirmar que existe una transformación.
Hay que medirla.
De igual manera, tampoco es correcto afirmar que todo resultado favorable o desfavorable deriva automáticamente de Morena.
La economía mexicana está condicionada por factores internacionales, comercio con Estados Unidos, inversión extranjera, ciclos económicos, política monetaria, remesas y transformaciones demográficas.
Una evaluación seria debe separar causalidad política de correlación económica.
El nuevo conflicto de clases en México
Una de las claves para comprender la política mexicana contemporánea es reconocer que el conflicto partidista también expresa un conflicto de clases, aunque no siempre adopte un lenguaje explícitamente clasista.
El voto popular por Morena puede interpretarse, en parte, como reacción contra un sistema político percibido durante décadas como distante de las necesidades de las mayorías.
La oposición, por su parte, concentra mayor apoyo en determinados sectores urbanos, empresariales y de clases medias, aunque esa composición es mucho más diversa.
Esto no significa que todos los pobres voten por Morena ni que todos los ricos voten por PAN o PRI.
La realidad electoral es más compleja.
Pero sí existe una dimensión socioeconómica en la polarización.
El conflicto se expresa alrededor de preguntas como:
¿Debe el Estado redistribuir más?
¿Quién debe pagar más impuestos?
¿Qué lugar debe ocupar la empresa privada?
¿Debe el Estado recuperar sectores estratégicos?
¿Los programas sociales son derechos o clientelismo?
¿La austeridad debe aplicarse también a las élites económicas?
Estas son preguntas de clase, aunque se expresen bajo lenguajes institucionales.
La disputa por los recursos estratégicos
Las élites políticas y económicas han disputado históricamente recursos como energía, minerales, agua y electricidad.
Aquí la discusión adquiere una dimensión estratégica.
México no es solamente un mercado.
Es un país con enormes recursos naturales y con una posición geopolítica extraordinaria.
Energía, agua, minerales, infraestructura y territorio constituyen recursos capaces de generar rentas gigantescas.
La pregunta política fundamental es:
¿Quién captura esas rentas?
Un modelo neoliberal tenderá a ampliar la participación privada.
Un modelo estatista buscará fortalecer la propiedad y regulación públicas.
El modelo del humanismo mexicano debería ir más allá de ambas posiciones: debe buscar que la explotación de recursos naturales produzca bienestar colectivo, sostenibilidad ambiental y desarrollo regional.
Esto requiere empresas públicas eficientes, regulación fuerte, transparencia y mecanismos de redistribución.
La corrupción como fenómeno sistémico
Existe una tendencia a explicar la corrupción como un problema moral individual.
«Este funcionario es corrupto.»
«Ese empresario sobornó.»
«Aquel político robó.»
Pero la ciencia política ofrece una perspectiva más amplia.
La corrupción aparece cuando existen:
oportunidades de captura;
baja transparencia;
instituciones débiles;
discrecionalidad administrativa;
impunidad;
concentración de poder;
redes político-empresariales;
financiamiento político opaco.
Por eso cambiar de partido no elimina automáticamente la corrupción.
El problema exige modificar incentivos.
Si un presidente municipal cambia, pero los mecanismos de contratación permanecen opacos, el problema continúa.
Si cambia un gobernador, pero las empresas favorecidas siguen siendo las mismas, el problema continúa.
Si Morena reemplaza a priistas y panistas sin reformar las estructuras municipales de contratación, también existe riesgo de reproducción.
La transformación real consiste en cambiar las reglas del juego.
El crimen organizado y la disputa territorial
El elemento más dramático de la transformación mexicana es la expansión del poder criminal.
El crimen organizado no compite solamente por mercados ilegales.
En determinadas regiones compite por:
territorio;
contratos;
transporte;
extracción;
agricultura;
comercio;
combustible;
gobiernos locales;
policías.
Esto modifica radicalmente la teoría clásica de la democracia.
Una elección no es completamente libre si un candidato puede ser asesinado por disputar determinado territorio.
Un municipio no tiene soberanía efectiva si grupos criminales controlan determinadas actividades económicas.
La democracia electoral necesita, por tanto, un Estado con capacidad territorial.
Ésta es una de las grandes tareas pendientes de México.
PRI, PAN y Morena: comparación general
| Dimensión | PRI histórico | PAN | Morena |
| Origen | Revolucionario-estatal | Oposición católica, liberal-conservadora y empresarial | Movimiento opositor de izquierda |
| Relación con el Estado | Partido-Estado | Alternancia dentro del Estado existente | Reconfiguración del Estado |
| Base histórica | Campesinos, sindicatos, burocracia, sectores populares y élites regionales | Clases medias, empresarios, sectores conservadores y urbanos | Sectores populares, clases medias y diversos grupos territoriales |
| Modelo económico | Variable; del nacionalismo desarrollista al neoliberalismo | Liberal/empresarial | Mayor intervención estatal y redistribución |
| Relación con élites económicas | Integración corporativa | Afinidad histórica significativa | Relación conflictiva pero también negociación |
| Selección de candidatos | Históricamente vertical | Competencia interna y grupos | Encuestas, dirigencias, estructuras territoriales |
| Riesgo principal | Irrelevancia electoral y crisis identitaria | Desconexión social y dependencia de élites | Burocratización y reproducción de élites internas |
| Problema democrático | Autoritarismo histórico | Representación social limitada | Concentración de poder y democracia interna |
| Proyecto histórico | Estado corporativo | Mercado y sociedad civil organizada | Transformación social desde el Estado |
Esta tabla no pretende afirmar que las tres organizaciones sean homogéneas.
Pretende identificar tendencias estructurales.
La elección de candidatos como mecanismo de reproducción del poder
La política mexicana enfrenta una realidad que suele ocultarse detrás de las campañas: las elecciones comienzan mucho antes del día de la votación.
Comienzan cuando se decide quién puede ser candidato.
La candidatura determina qué intereses tendrán acceso al presupuesto.
Por ello, una reforma democrática profunda debería fortalecer:
- elecciones internas transparentes;
- encuestas auditables;
- debates entre aspirantes;
- declaraciones patrimoniales;
- declaración de intereses;
- mecanismos anticorrupción;
- transparencia de financiamiento;
- restricciones al nepotismo;
- mecanismos de rendición de cuentas;
- participación ciudadana.
El partido que controle las candidaturas mediante estructuras cerradas tendrá dificultades para representar genuinamente a la ciudadanía.
El PRI en la actualidad: la política como supervivencia
El PRI contemporáneo enfrenta una paradoja histórica.
Fue durante décadas el partido más poderoso de México.
Ahora lucha por preservar su existencia política.
La organización todavía posee cuadros, estructuras territoriales y experiencia gubernamental.
Pero esa experiencia se ha convertido simultáneamente en fortaleza y debilidad.
Es fortaleza porque posee conocimiento institucional.
Es debilidad porque su pasado constituye una carga política.
La narrativa de «volver al pasado» resulta difícil de vender en una sociedad donde una parte significativa del electorado considera que precisamente ese pasado produjo desigualdad, corrupción y privilegios.
El PRI necesitaría una renovación ideológica profunda.
No parece suficiente presentarse simplemente como «anti-Morena».
Un partido no puede construir futuro únicamente mediante nostalgia o rechazo al adversario.
El PAN en la actualidad: oposición sin nuevo pacto social
El PAN enfrenta un problema diferente.
Su identidad histórica es más clara que la del PRI.
Pero esa claridad puede convertirse en limitación.
Su defensa del mercado, la propiedad privada, la iniciativa empresarial y una visión más conservadora del Estado puede resultar atractiva para determinados sectores.
Pero el México contemporáneo necesita una respuesta convincente para millones de ciudadanos que demandan:
mejores salarios;
pensiones;
servicios públicos;
vivienda;
seguridad;
movilidad social.
Si la oposición no ofrece una alternativa de programa propio, su discurso corre el riesgo de quedar reducido a la defensa del «antimorenismo».
Las encuestas recientes muestran precisamente la magnitud del desafío: en septiembre de 2026, una encuesta de Enkoll citada por El País situaba a Morena en 41%, al PAN en 12% y al PRI en 8% en intención de voto nacional rumbo a 2027. [12]
Estos datos no son una sentencia electoral —las campañas todavía pueden transformar preferencias—, pero muestran la profundidad del problema opositor.
Morena ante su segunda gran etapa histórica
Morena consiguió lo que el PRI y el PAN lograron en momentos diferentes: construir una mayoría política nacional.
Pero ganar una elección es diferente de construir un Estado democrático y popular.
La primera etapa de Morena consistió fundamentalmente en conquistar el poder.
La segunda debe consistir en demostrar que puede administrarlo sin reproducir los vicios que combatió.
Eso implica resolver cinco tensiones.
Primera: movimiento frente a partido
¿Debe Morena conservar una estructura movilizadora o convertirse en un partido institucional convencional?
Segunda: liderazgo frente a institucionalización
¿Cómo evitar que el partido dependa excesivamente de liderazgos individuales?
Tercera: pueblo frente a élites internas
¿Cómo impedir que nuevos grupos de poder reproduzcan las viejas prácticas?
Cuarta: transformación frente a eficacia administrativa
¿Cómo traducir grandes objetivos políticos en gobiernos municipales eficientes?
Quinta: mayoría electoral frente a pluralismo democrático
¿Cómo ejercer una mayoría sin llegar al autoritarismo?
Éste último punto será especialmente importante en los próximos años.
La izquierda debe evitar dos errores
Una izquierda democrática y popular que quiera avanzar frente al autoritarismo tiene que evitar dos errores simétricos.
El primero es el discurso conservador según el cual cualquier política redistributiva equivale a populismo, autoritarismo o irresponsabilidad fiscal.
Esa crítica simplifica la realidad.
El segundo error consiste en asumir que cualquier gobierno que se autodenomine progresista es automáticamente progresista.
Eso también es incorrecto.
La izquierda debe juzgar a los gobiernos por sus resultados.
Debe defender:
redistribución;
derechos laborales;
servicios públicos;
igualdad;
soberanía;
feminismo;
derechos humanos;
transición energética;
democracia;
participación ciudadana.
Pero también debe exigir:
transparencia;
rendición de cuentas;
pluralismo;
independencia institucional;
libertad de prensa;
combate al nepotismo;
control del poder.
La izquierda que renuncia a criticar al gobierno que considera propio deja de ser izquierda democrática y se convierte en aparato de legitimación.
La cuestión de la hegemonía
El gran riesgo histórico de Morena no es solamente perder una elección.
Es convertirse en aquello que originalmente combatió.
El PRI comenzó como un instrumento de institucionalización de la Revolución y terminó construyendo un sistema político extraordinariamente concentrado.
Morena nació denunciando el régimen de privilegios y concentración del poder.
La historia planteará una pregunta inevitable:
¿Podrá construir una nueva hegemonía democrática sin convertirse en un nuevo partido autoritario?
La diferencia es fundamental.
Una hegemonía democrática significa que un proyecto obtiene legitimidad social porque representa mayorías y permite competencia.
Una hegemonía autoritaria significa que la mayoría política utiliza el Estado para impedir la competencia.
La primera es compatible con democracia.
La segunda la destruye.
Por ello, la consolidación de Morena debe medirse no sólo por cuántas elecciones gana, sino por qué tan democrático permanece cuando gana.
Una nueva teoría de la alternancia mexicana
La experiencia de 2000 permite extraer una lección: cambiar de partido no basta.
La alternancia PRI-PAN mostró que puede cambiar el ocupante de la Presidencia sin transformar completamente las relaciones de poder.
La experiencia posterior de Morena introduce una posibilidad diferente: que una mayoría electoral busque modificar simultáneamente las políticas sociales, la relación entre Estado y mercado, la distribución presupuestaria y la función del Estado.
Pero tampoco basta con cambiar políticas.
Una transformación completa requiere democratizar los mecanismos mediante los cuales se reproduce el poder.
Por eso la verdadera reforma pendiente de México es doble: democratización económica + democratización política.
Conclusiones
La historia política de México desde el final del siglo XX no puede comprenderse como una simple sucesión de gobiernos.
Es la historia de una transformación del régimen de poder.
El PRI construyó durante décadas un Estado altamente centralizado y corporativo. Su caída electoral en 2000 puso fin a su monopolio presidencial, pero no destruyó automáticamente las redes económicas, administrativas y políticas que se habían construido alrededor del viejo régimen.
El PAN representó una alternancia histórica y contribuyó a normalizar la competencia electoral. Sin embargo, su llegada al gobierno federal no produjo la ruptura estructural que muchos ciudadanos esperaban. La transición electoral avanzó más rápidamente que la democratización económica y social.
La literatura académica ha identificado precisamente esa continuidad: después de 2000 persistieron estructuras, pactos y relaciones de poder vinculadas al régimen anterior. [7][9]
Morena alteró nuevamente el sistema.
Su fuerza no deriva exclusivamente de una maquinaria electoral. Su expansión refleja un profundo realineamiento social alrededor de demandas de redistribución, inclusión y recuperación del papel del Estado.
Los resultados presidenciales de 2024 muestran la magnitud de ese realineamiento: Claudia Sheinbaum alcanzó 59.75% de los votos. [3]
Pero precisamente por su dimensión, Morena enfrenta ahora una responsabilidad histórica mayor.
La pregunta ya no es si puede derrotar electoralmente al PRI y al PAN.
Ya lo ha hecho.
La pregunta es:
¿Puede construir un Estado más democrático, socialmente justo y menos capturable por intereses privados sin reproducir nuevas élites políticas que traicionen al pueblo?
Ésa será la prueba histórica de la Cuarta Transformación.
Una agenda progresista para democratizar los partidos
Si la política mexicana quiere superar el ciclo de alternancias sin transformación estructural, debería avanzar hacia una agenda de democratización partidista.
- Democratizar la selección de candidaturas
Las candidaturas deben estar sujetas a procedimientos verificables, transparentes y auditables.
- Combatir el nepotismo político
Ningún partido debería permitir que familias enteras conviertan gobiernos locales en patrimonios políticos.
- Transparentar los intereses económicos
Todo candidato debería declarar vínculos empresariales, familiares y patrimoniales relevantes.
- Regular las puertas giratorias
Debe existir control sobre el tránsito entre cargos públicos y empresas reguladas por esos mismos funcionarios.
- Democratizar los gobiernos municipales
La transformación nacional será incompleta mientras los municipios continúen funcionando bajo estructuras patrimoniales y el viejo andamiaje administrativo.
- Fortalecer órganos anticorrupción
La lucha contra la corrupción debe ser institucional y no selectiva.
- Democratizar el financiamiento político
El dinero privado no debe determinar quién puede competir electoralmente.
- Proteger a periodistas e investigadores
Sin libertad de investigación no existe rendición de cuentas.
- Fortalecer la participación ciudadana
La democracia no puede limitarse a votar cada tres o seis años.
- Evaluar a los gobiernos por resultados
La identidad partidaria nunca debe sustituir la evaluación objetiva.
Consideración final: el pueblo como sujeto político
La cuestión esencial no es decir si PRI, PAN o Morena son «buenos» o «malos».
La política democrática debe superar esa simplificación.
La cuestión es determinar:
Qué intereses sociales representa cada organización; qué grupos participan en la toma de decisiones; quién financia, influye y condiciona sus estructuras; quién se beneficia de sus políticas públicas; y qué mecanismos existen para que la ciudadanía pueda exigirles cuentas.
El PRI representa el legado de un régimen de Estado-partido que perdió su hegemonía, pero conserva importantes huellas históricas.
El PAN representa una tradición de oposición democrática que alcanzó el poder y mostró que la alternancia era posible, pero cuya experiencia de gobierno no produjo una ruptura completa con las estructuras económicas y políticas heredadas.
Ambos hasta ahora han representado los intereses del gran capital nacional e internacional y particularmente los designios de EE.UU.
Morena representa el intento más importante de las últimas décadas por reorientar el Estado hacia una política explícitamente dirigida a las mayorías populares y por construir una nueva coalición social alrededor de la redistribución, los derechos sociales y la soberanía.
Pero Morena no está fuera de la historia.
Está dentro de ella.
Y eso significa que también puede reproducir los vicios que pretende superar.
La verdadera transformación democrática de México no consistirá en sustituir una élite por otra.
Consistirá en construir instituciones en las que ninguna élite autoritaria—priista, panista, morenista, empresarial, sindical, burocrática o criminal— pueda apropiarse del Estado.
Ésa es la frontera entre una simple alternancia electoral y una auténtica transformación democrática.
La democracia no se consolida cuando cambia el partido que gobierna.
Se consolida cuando el pueblo adquiere capacidad permanente para controlar a quienes gobiernan, cuando adquiere poder popular.
Y esa, finalmente, es la cuestión que debería estar en el centro de cualquier discusión sobre las próximas candidaturas, las próximas elecciones y el futuro político de México.
Fuentes y referencias:
[1] Guadalupe Pacheco Méndez, Democratización, pluralización y cambios en el sistema de partidos en México, 1991-2000, Revista Mexicana de Sociología. El estudio documenta el tránsito del sistema de partido hegemónico hacia una competencia electoral creciente y la importancia de 2000 como momento de alternancia. ([SciELO México][2])
[2] Las transformaciones del presidencialismo en el marco de la reforma del Estado en México, estudio sobre la transformación del presidencialismo y las condiciones que hicieron posible la alternancia de 2000. ([SciELO México][3])
[3] Instituto Nacional Electoral, resultados de los cómputos de la elección presidencial de 2024: Claudia Sheinbaum 59.75%, Xóchitl Gálvez 27.45% y Jorge Álvarez Máynez 10.32%. ([Central Electoral][4])
[4] Reformas estructurales, reforma del Estado y democratización en México (1982-2009), análisis académico de la transición, la alternancia de 2000 y las limitaciones de la democratización. ([SciELO México][5])
[5] Los partidos políticos y las elecciones en México: del partido hegemónico a los gobiernos divididos, estudio histórico sobre los 71 años de predominio presidencial priista y la alternancia de 2000. ([SciELO México][6])
[6] Instituto Nacional Electoral, resultados de los cómputos federales de 2024: PAN 17.56% y PRI 11.57% en diputaciones; Morena obtuvo 42.52% en senadurías como partido individual. ([Central Electoral][7])
[7] La transición incompleta, análisis que señala la permanencia de funcionarios, prácticas y estructuras priistas después de la llegada de Vicente Fox y la persistencia de poderes locales y corporativos. ([SciELO México][8])
[8] Investigación periodística de El País, 14 de septiembre de 2026, sobre las acusaciones de la Fiscalía mexicana contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel en relación con una presunta red de contrabando de hidrocarburos. La fuente también registra la negación de las acusaciones por parte de Ruffo. ([El País][1])
[9] La crisis política, los movimientos sociales y el futuro de la democracia en México, análisis que identifica la persistencia de pactos con poderes fácticos y de estructuras del antiguo régimen después de la alternancia. ([SciELO México][9])
[10] Morena, Declaración de Principios, aprobada y publicada en documentación electoral oficial, donde el partido se define como partido-movimiento de izquierda inspirado en el humanismo mexicano y plantea una sociedad justa, democrática, igualitaria e incluyente. ([Diario Oficial de la Federación][10])
[11] Instituto Nacional Electoral, Programa de Morena: El país por el que luchamos, documento que establece los principios programáticos del partido y su concepción del Estado, democracia, soberanía y participación popular. ([Instituto Nacional Electoral][11])
[12] El País, septiembre de 2026, análisis de las preferencias electorales rumbo a 2027 que reporta, con base en una encuesta de Enkoll, 41% para Morena, 12% para PAN y 8% para PRI, además de otras mediciones coincidentes en señalar una amplia ventaja oficialista. ([El País][12])
[13] Instituto Nacional Electoral, repositorio de documentos básicos y plataformas electorales de los partidos políticos nacionales. ([Instituto Nacional Electoral][13])
Nota metodológica
Las afirmaciones sobre corrupción, redes empresariales, crimen organizado o posibles delitos se han tratado con un criterio de presunción de inocencia y atribución de fuentes. Una acusación periodística, investigación ministerial o denuncia política no equivale a una sentencia judicial. Asimismo, las caracterizaciones ideológicas de los partidos son interpretaciones politológicas sustentadas tanto en su historia como en sus documentos programáticos; no deben confundirse con afirmaciones de que todos sus militantes o gobiernos actúan de manera uniforme.
La evidencia histórica también aconseja evitar una equivalencia mecánica entre PRI y PAN. La tesis defendida aquí es más precisa: ambos participaron, en diferentes momentos y desde tradiciones distintas, en un orden político-económico que sobrevivió parcialmente a la alternancia de 2000; Morena representa una ruptura importante con ese orden, pero enfrenta el riesgo de reproducir dentro de sus propias estructuras algunas de las prácticas de poder que históricamente cuestionó.
