Por Fernando Elías
El análisis de la incidencia delictiva de Cuautitlán Izcalli durante el primer semestre de 2026 muestra un comportamiento que, en términos generales, es consistente con la tendencia observada en el Estado de México y en diversas entidades del país: algunos delitos de alto impacto presentan una reducción o estabilización respecto de años previos, mientras que otros mantienen comportamientos heterogéneos.
A pesar del que el gerente municipal se atribuye el logro de bajar 8 puntos la percepción de inseguridad, desde una perspectiva metodológicamente rigurosa, la evidencia disponible no permite atribuir esa evolución exclusivamente a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno municipal.
La política de seguridad pública en México opera bajo un esquema concurrente entre Federación, entidades federativas y municipios, por lo que los resultados observados son producto de múltiples factores institucionales, sociales y económicos.
A ello se suma un elemento particularmente relevante desde nuestro análisis: la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) ha mostrado que la ciudadanía distingue entre la disminución objetiva de algunos delitos y la percepción sobre la capacidad del gobierno municipal para resolver los problemas públicos.
En ese contexto, aun cuando determinados indicadores delictivos pudieran mejorar, ello no implica necesariamente una mejora equivalente en la evaluación ciudadana del desempeño del gobierno municipal.
Contexto nacional
Desde 2019 la estrategia nacional de seguridad ha incorporado un enfoque distinto al predominante durante la década anterior, sustentado en cuatro componentes:
- coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno;
- fortalecimiento de inteligencia e investigación;
- despliegue territorial de la Guardia Nacional;
- expansión de programas sociales dirigidos principalmente a población joven y comunidades vulnerables.
Diversos indicadores nacionales muestran una reducción gradual de delitos como el homicidio doloso en varias regiones del país, aunque dicha disminución no ha sido homogénea entre entidades ni municipios.
En consecuencia, cuando un municipio presenta una reducción delictiva durante este periodo, resulta metodológicamente consistente interpretar que ésta ocurre dentro de una tendencia nacional y estatal más amplia, y no únicamente como resultado de decisiones administrativas locales.
Contexto estatal
El Estado de México continúa concentrando una parte importante de la incidencia delictiva nacional debido a tres factores estructurales:
- elevada concentración poblacional;
- intensa actividad económica;
- integración metropolitana con la Ciudad de México.
Durante los últimos años se ha observado una estrategia de coordinación permanente entre:
- Gobierno de México;
- Gobierno del Estado de México;
- Guardia Nacional;
- Secretaría de la Defensa Nacional;
- Fiscalías;
- policías municipales.
La evolución de los indicadores estatales permite observar que varios municipios metropolitanos presentan comportamientos semejantes, lo cual constituye un indicio de que existen factores regionales que trascienden la gestión municipal.
Situación de Cuautitlán Izcalli
Los datos de incidencia delictiva correspondientes al primer semestre de 2026 muestran un comportamiento relativamente estable en diversos delitos de alto impacto.
Pero con la información que proporciona el Secretariado de Seguridad Pública y la ENSU, no puede afirmar que exista una transformación abrupta de la criminalidad local, sino una evolución compatible con el comportamiento observado en buena parte del Estado de México.
En consecuencia, la disminución que pudiera registrarse en determinados delitos debe interpretarse como un fenómeno multifactorial.
Entre los factores plausibles se encuentran:
- mayor coordinación interinstitucional;
- acciones estatales;
- despliegue federal;
- programas preventivos;
- posibles políticas municipales;
- dinámicas propias del comportamiento delictivo.
Ninguno de estos elementos, por sí solo, permite explicar suficientemente la evolución observada.
¿Puede atribuirse la disminución de la percepción exclusivamente al gobierno municipal?
Desde un punto de vista de evaluación de políticas públicas, la respuesta es no.
Ello no significa que las acciones municipales carezcan de efectos.
Significa que la evidencia estadística disponible no permite aislar el efecto específico de la política municipal respecto de otros factores concurrentes.
Para sostener una afirmación causal sería necesario contar con:
- modelos econométricos;
- grupos de comparación;
- series históricas más extensas;
- variables de control.
Ninguna de estas condiciones está presente únicamente con la incidencia delictiva mensual ni en la encuesta de percepción trimestral.
Por ello, la interpretación más sólida consiste en señalar que:
La evolución observada en Cuautitlán Izcalli es consistente con una tendencia estatal y nacional de reducción o estabilización en algunos delitos, sin que la evidencia permita atribuir dichos resultados exclusivamente a las políticas municipales de seguridad pública.
Papel de la estrategia federal
Desde esta perspectiva, existen elementos que permiten considerar que parte de la evolución observada resulta consistente con la estrategia nacional implementada durante los últimos años.
Entre ellos destacan:
- coordinación permanente entre fuerzas federales y estatales;
- fortalecimiento de inteligencia;
- despliegue territorial de Guardia Nacional;
- programas sociales orientados a disminuir factores estructurales de riesgo;
- recuperación gradual de capacidades institucionales.
Y se debe reconocer que la reducción del delito depende de múltiples variables adicionales, como:
- condiciones económicas;
- movilidad urbana;
- mercados ilícitos;
- capacidad ministerial;
- denuncia ciudadana;
- fortalecimiento policial.
Y ello es resultado de la implementación de políticas públicas municipales lógicas y ordenadas, que en el caso de Cuautitlán Izcalli no existen por lo que resulta más apropiado hablar de consistencia con la estrategia nacional, antes que de una relación causal municipal..
Percepción ciudadana
Pero el hallazgo más importante es que la percepción de seguridad no evoluciona necesariamente al mismo ritmo que la incidencia delictiva.
La ciudadanía construye su percepción considerando además:
- delitos de alta visibilidad;
- experiencias personales;
- experiencias de familiares;
- redes sociales;
- cobertura mediática;
- calidad de servicios públicos;
- confianza institucional.
Por ello, aun cuando algunos delitos disminuyan, la percepción de inseguridad puede mantenerse elevada.
Evaluación del gobierno municipal
Y para confirmarlo los resultados recientes de la ENSU muestran un elemento particularmente relevante para interpretar el caso de Cuautitlán Izcalli.
La encuesta ubica al municipio entre los peores evaluados respecto de la percepción de efectividad del gobierno municipal para resolver los principales problemas públicos.
Este dato resulta consistente con una aparente desconexión entre:
- algunos indicadores objetivos de incidencia delictiva;
- la evaluación subjetiva del desempeño gubernamental.
Lo cual se puede interpretar de la siguiente manera:
La ciudadanía no evalúa únicamente los niveles de delito.
Evalúa también:
- mantenimiento urbano;
- alumbrado;
- vialidades;
- servicios públicos;
- respuesta policial;
- corrupción;
- capacidad administrativa.
En consecuencia, una reducción moderada de ciertos delitos puede resultar insuficiente para modificar la valoración global del gobierno municipal.
Comparación con municipios de tamaño similar
Cuautitlán Izcalli cuenta con una población que pasa el medio millón de habitantes, por lo que resulta metodológicamente más adecuado compararlo con municipios metropolitanos de dimensión semejante que con municipios pequeños.
Al contrastar la incidencia delictiva con municipios de población comparable del Estado de México se observa que:
- comparte patrones propios de municipios metropolitanos;
- enfrenta problemáticas similares relacionadas con robo, violencia patrimonial y delitos de alto impacto;
- no presenta un comportamiento completamente atípico dentro de ese grupo.
Ello confirma que parte importante de la criminalidad responde a condiciones metropolitanas compartidas y no exclusivamente a variables administrativas locales.
Interpretación del Colectivo Conciencia y Transformación
Desde nuestro entendimiento sobre políticas públicas, los resultados permiten sostener varias consideraciones.
Primero, la seguridad pública debe entenderse como una política integral que combina prevención social, fortalecimiento institucional y coordinación entre órdenes de gobierno.
Segundo, los programas sociales pueden contribuir indirectamente a disminuir factores asociados con la violencia, especialmente entre población joven, aunque sus efectos suelen observarse en horizontes temporales más largos y no explican por sí solos las variaciones mensuales de la incidencia delictiva.
Tercero, la coordinación entre Federación, Estado y municipios constituye un elemento indispensable para enfrentar fenómenos criminales metropolitanos que rebasan las capacidades de un solo gobierno local.
Finalmente, la persistencia de una baja evaluación ciudadana respecto del gobierno municipal evidencia que la mejora de indicadores delictivos, cuando existe, no basta para fortalecer la legitimidad institucional si no se acompaña de mejoras perceptibles en servicios públicos, proximidad policial, transparencia y capacidad de respuesta.
Delitos y problemáticas de carácter territorial: ámbitos donde las políticas municipales pueden tener mayor incidencia
El análisis conjunto de la incidencia delictiva, los resultados de percepción ciudadana y los principales problemas reportados por la población permite identificar un conjunto de fenómenos cuya prevención y atención recaen, en buena medida, en las capacidades institucionales del gobierno municipal.
A diferencia de los delitos asociados a estructuras delictivas de mayor escala, cuya contención depende de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, existen problemáticas eminentemente territoriales que guardan una relación más estrecha con la calidad de los servicios públicos, la presencia institucional, la policía de proximidad, la recuperación del espacio público y las políticas preventivas desarrolladas desde el ámbito local.
Entre estas problemáticas destacan:
- incremento de la población que manifiesta haber experimentado conflictos o enfrentamientos;
- conflictos con vecinos, como una de las principales formas de violencia cotidiana;
- presencia generalizada de baches y deterioro de la infraestructura urbana;
- robo, extorsión y fraude;
- homicidio doloso;
- robo en transporte individual;
- daño a la propiedad;
- discriminación;
- lesiones dolosas.
Aunque cada uno de estos fenómenos responde a dinámicas distintas y no pueden atribuirse exclusivamente a una sola causa, en conjunto reflejan problemas vinculados con la gobernanza territorial, la convivencia comunitaria y la capacidad institucional para intervenir oportunamente antes de que los conflictos escalen hacia conductas delictivas.
Desde la perspectiva de las políticas públicas preventivas, estos resultados son consistentes con la hipótesis de que la atención insuficiente de factores de riesgo en el ámbito municipal puede limitar la capacidad para contener el crecimiento de delitos y violencias de proximidad.
Los datos disponibles no permiten establecer una relación causal directa; sin embargo, sí permiten señalar que estas problemáticas corresponden a ámbitos donde las competencias municipales pueden desempeñar un papel relevante mediante acciones preventivas y de gestión territorial.
En este sentido, la persistencia o incremento de estas conductas son un indicio de que las políticas locales de prevención social, mediación comunitaria, mantenimiento urbano, recuperación del espacio público y fortalecimiento de la policía de proximidad no tienen un nivel de eficacia suficiente para modificar de manera perceptible la experiencia cotidiana de la población.
Esta interpretación resulta congruente con los resultados de la ENSU, donde la ciudadanía ubica a Cuautitlán Izcalli entre los municipios con menor percepción de efectividad del gobierno municipal para resolver los principales problemas públicos.
En otras palabras, aun cuando algunos indicadores de incidencia delictiva muestran comportamientos acordes con la tendencia estatal y nacional, la población continúa identificando deficiencias en aquellas funciones que corresponden más directamente a la administración municipal.
Desde un enfoque social de seguridad ciudadana, este hallazgo refuerza la importancia de fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención de las causas de la violencia.
La experiencia nacional e internacional muestra que estrategias basadas exclusivamente en la reacción policial tienen efectos limitados cuando no se acompañan de intervenciones integrales sobre los determinantes sociales y territoriales de la inseguridad.
En consecuencia, la evidencia analizada sugiere que una agenda municipal de seguridad debería priorizar, entre otras acciones:
- programas permanentes de mediación y resolución pacífica de conflictos vecinales;
- recuperación y mantenimiento del espacio público, incluyendo la atención sistemática a baches, alumbrado y parques;
- fortalecimiento de la policía de proximidad y de los mecanismos de denuncia ciudadana;
- estrategias focalizadas para prevenir robos, daños a la propiedad y violencia comunitaria;
- políticas de prevención de la discriminación y de las violencias cotidianas;
- coordinación con los gobiernos estatal y federal para atender los delitos de mayor complejidad, como el homicidio doloso y las redes de extorsión;
- fomento y reconocimiento a las organizaciones sociales y comunitarias;
- consulta y decisión en temas del entorno urbano.
Atender las causas del comportamiento de estas problemáticas es parte de las responsabilidades del gobierno municipal y son áreas de oportunidad para el diseño e implementación de políticas públicas locales orientadas a la prevención, la cohesión social y la gestión del territorio.
Esta visión resulta compatible tanto con la evolución de algunos indicadores delictivos como con la persistente percepción ciudadana de baja efectividad del gobierno municipal para resolver los problemas cotidianos del municipio.
Finalmente
- La evolución reciente de la incidencia delictiva en Cuautitlán Izcalli es compatible con la tendencia observada en el Estado de México y en diversos municipios metropolitanos del país.
- Con la evidencia disponible, no es posible atribuir la disminución de la percepción de inseguridad observada, exclusivamente a las políticas públicas de seguridad del gobierno municipal, si es que existen.
- Los resultados son consistentes con un escenario de concurrencia institucional en el que intervienen la estrategia nacional de seguridad y la coordinación estatal.
- Los programas sociales federales constituyen un elemento potencialmente coadyuvante en la prevención de factores estructurales de la violencia, la tarea será cuantificar su contribución específica al comportamiento delictivo municipal.
- La percepción ciudadana mantiene una lógica distinta a la incidencia delictiva. La baja evaluación del gobierno municipal registrada por la ENSU indica que la ciudadanía no percibe una capacidad suficiente del gobierno local para resolver los principales problemas del municipio.
- La comparación con municipios de población semejante indica que Cuautitlán Izcalli enfrenta desafíos característicos de una zona metropolitana de gran tamaño, por lo que sus resultados deben interpretarse dentro de un contexto regional y no exclusivamente municipal.
En conjunto, las variaciones favorables en algunos indicadores de seguridad y su percepción son compatibles con la tendencia estatal y nacional, mientras que la persistente baja percepción sobre la efectividad del gobierno municipal refleja la existencia de una muy baja confianza ciudadana.
