AUDITORÍA POPULAR Y PERMANENTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Por Fernando Elías Hernández
La realización de una auditoría popular en el municipio de Cuautitlán Izcalli puede justificarse con varios argumentos sólidos, tanto desde el punto de vista del ciudadano como en términos legales y de gestión pública.
1. Transparencia y rendición de cuentas.
Como ya ha mostrado la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum, es posible garantizar el uso adecuado de los recursos públicos mediante la permanente auditoría gubernamental y su respectiva difusión en los medios públicos.
En el caso de los municipios, especialmente Cuautitlán Izcalli, es necesario asegurar que los recursos municipales se estén utilizando para los fines previstos y en beneficio de la población. Tanto por el manejo eficiente de los recursos como por la respectiva correspondencia de los principios que rigen el gobierno federal.
Se hace necesario que las conferencias de prensa municipales contengan más que apreciaciones o buenos deseos, es imprescindible que se les de contenido y orientación que permita determinar la agenda pública del municipio.
Una de esas líneas requiere de identificar irregularidades, detectar posibles actos de corrupción, desvíos de fondos o ineficiencias administrativas que evidencien la diferencia entre un gobierno municipal de la 4ª Transformación y un gobierno municipal de derecha.
Estas acciones conducirían a cumplir con el derecho humano a la información pública e ir a la vanguardia, tal y como lo realiza la Presidenta Sheinbaum en las mañaneras. Además, por el pueblo tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos que provienen de sus impuestos.
2. Participación ciudadana.
El mecanismo de fiscalización popular ayuda a fortalecer la democracia ya que la auditoría popular fomenta la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y el control gubernamental.
La participación cobra sentido si los resultados que arroje su trabajo deriva en sanciones y correcciones del actuar gubernamental. En caso de que los resultados sean positivos, es decir, sin mayores observaciones, se legitiman las acciones del gobierno municipal, dando mayor posibilidad de éxito a la implementación de las políticas públicas.
Esto empodera a la comunidad y la convierte en un sujeto activo de transformación, tanto social como político, al involucrarse directamente en el monitoreo de las acciones municipales así la ciudadanía toma un papel de acción más real y comprometido con el desarrollo de su entorno.
Participación y empoderamiento popular ayudan a regenerar el tejido social dándole estructura y organización. Genera cuadros de dirección y organización popular que en el futuro podrían llegar a ser verdaderos representantes del pueblo en órganos administrativos.
3. Mejora de los servicios públicos.
Además, esta capacidad para desarrollar un mecanismo permanente de auditoría popular ayuda a evaluar la calidad de los servicios municipales, identificando áreas de mejora en servicios como agua potable, recolección de basura, alumbrado público, seguridad y mantenimiento de infraestructura.
Importante a resaltar es que también sirve como un mecanismo para asegurar que los recursos se apliquen y lleguen a donde más se necesitan.
Se puede garantizar que los programas sociales y proyectos municipales benefician a las comunidades más vulnerables.
4. Prevención de la corrupción.
La participación popular en instrumentos como el de la auditoria popular permanente ayudan a disuadir malas prácticas, actuando como un mecanismo preventivo contra la corrupción y la mala gestión.
También promueve una cultura de integridad personal al incentivar a los funcionarios a actuar con transparencia y rendir cuentas de manera constante.
La contraloría popular es un mecanismo de participación ciudadana y control social que permite a las personas supervisar y fiscalizar el uso de los recursos públicos, la gestión gubernamental y el cumplimiento de las políticas públicas. Este modelo busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, involucrando activamente a la ciudadanía en procesos que normalmente han sido manejados por instituciones estatales.
5. Cumplimiento de leyes y normativas.
Es evicente que esta acción va más allá del cumplimiento de los ordenamientos legales que obligan a la administración pública municipal para el Estado de México o la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se trata de materializar, operar y construir una verdadera y eficiente fiscalización ciudadana como derecho con base en el artículo 39 de la Constitución Mexicana que establece que el poder emana del pueblo, y los ciudadanos tienen el derecho de exigir cuentas a sus gobernantes y con ello construir de manera sólida el segundo piso de la transformación a nivel municipal.
Una primera caracterización de la contraloría popular.
Debe fomentar la participación ciudadana en la que la sociedad civil, ya sea de forma organizada (a través de comités, asociaciones o colectivos) o individual, desempeñe un papel activo en el monitoreo de las acciones gubernamentales.
Debe promover la fiscalización comunitaria y enfocarla primordialmente en evaluar la gestión de los recursos públicos aplicados a obra pública a nivel de calle, manzana, colonia, unidad habitacional o pueblo.
Debe exigir a los funcionarios públicos transparencia y resultados en el ejercicio de la administración pública, promoviendo el acceso a la información pública para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre los procesos que supervisan.
Al hacerlo se genera empoderamiento social y fomenta que el pueblo tenga las herramientas y conocimientos necesarios para ejercer sus derechos de vigilancia y control.
Ejemplos de actividades en la contraloría popular:
Auditorías ciudadanas de proyectos de infraestructura (obra pública).
Supervisión de la ejecución presupuestaria (políticas públicas y programas sociales).
Verificación del cumplimiento de políticas sociales, como salud, educación o vivienda.
Denuncia de actos de corrupción o mala gestión ante las autoridades competentes.
Retos y desafíos.
Falta de recursos y capacitación: Los ciudadanos necesitan conocimientos técnicos para evaluar de manera efectiva los procesos administrativos y financieros.
Resistencia institucional: Algunas entidades gubernamentales pueden mostrar falta de disposición para facilitar el acceso a la información.
¿Será posible en el actual gobierno municipal?
15 enero 2025
